Méndez sigue en la cuerda floja: aún no se confirma su asilo

A dos días de que el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, se saltara la cerca de la embajada de Bolivia en Panamá para solicitar asilo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia informó que la solicitud está en trámite.

En un comunicado, la entidad explicó que la petición se encuentra en la instancia competente y está siendo procesada conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, el Ministerio recalcó que las relaciones internacionales en materia de refugio y asilo están plenamente vigentes entre ambos países, en concordancia con el principio de no devolución, que prohíbe retornar a una persona a un territorio donde su vida, libertad o integridad puedan estar en riesgo.

“El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el respeto a los derechos humanos del solicitante, en el marco de sus compromisos internacionales; y reafirma las sólidas relaciones diplomáticas que mantiene con Panamá, basadas en el respeto mutuo, la cooperación y el cumplimiento del derecho internacional”, puntualiza el comunicado.

Méndez, al igual que otros miembros del Suntracs, sostiene que existe una persecución política contra los dirigentes del gremio, que mantienen un paro de labores desde el 28 de abril en rechazo a la reforma de la Caja de Seguro Social (CSS) y en defensa de la soberanía nacional.

Mientras Méndez solicita asilo, otros líderes del Suntracs enfrentan procesos judiciales. Genaro López permanece detenido en una celda del Sistema Transitorio de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a la espera de una audiencia programada para hoy, en la que se le acusa de delitos de estafa, blanqueo de capitales y contra la fe pública.

Por su parte, Erasmo Cerrud es buscado por la Policía Nacional por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Jaime Caballero, otro dirigente, fue recluido el pasado sábado en el centro penitenciario La Joya, también acusado por blanqueo de capitales y otros delitos.

Este proceso legal, según las autoridades, se originó en 2022. En una auditoría realizada ese mismo año, se detectaron 14 irregularidades financieras y 10 incumplimientos de las normativas de prevención del lavado de dinero.

Como consecuencia de esta investigación, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) canceló la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, R.L.

Tras estas revelaciones, se realizaron allanamientos en oficinas del Suntracs ubicadas en Chiriquí, San Miguelito y la Avenida Perú, como parte de las investigaciones en curso.