Licencias sin sueldo en la Asamblea: Contraloría detalla medida y número de afectados
- 22/04/2026 11:46
Entidad responde a bancada Vamos y asegura que solo 7 funcionarios tienen pagos suspendidos
La Contraloría General de la República salió a aclarar el alcance de la medida de licencia sin sueldo por investigación aplicada a funcionarios de la Asamblea Nacional, en medio de la polémica generada tras los señalamientos de diputados de la bancada Vamos.
En una nota de prensa, la entidad explicó que esta acción administrativa no constituye una sanción, sino un mecanismo contemplado en el Decreto 90-2019-DMMySC para verificar el cumplimiento de funciones y el uso adecuado de los recursos del Estado.
La aclaración surge luego de que los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duke denunciaran públicamente la retención de pagos y cambios en el estatus laboral de funcionarios vinculados a sus despachos, calificando la medida como arbitraria e incluso como una forma de presión institucional.
Solo 7 con pagos suspendidos
La Contraloría detalló que, hasta la fecha, únicamente siete funcionarios mantienen suspensión de pagos, como parte de procesos de verificación iniciados desde marzo. El resto —aseguró— ha recibido su salario con normalidad, incluyendo la primera quincena de abril.
Asimismo, indicó que desde la segunda quincena de abril la medida se aplica de forma más estructurada, conforme al marco legal vigente, extendiéndose a funcionarios bajo evaluación.
Base legal y control
La institución recordó que este tipo de acciones no son nuevas y que ya se habían aplicado durante el año pasado en distintos despachos legislativos, sin distinción política.
También reiteró que, según el reglamento interno de la Asamblea Nacional, solo el presidente y el secretario general pueden autorizar excepciones al registro obligatorio de asistencia, aspecto que ha sido objeto de verificación en estos procesos.
LO QUE PASÓ AYER
El pronunciamiento se da luego de un tenso episodio en el que diputados de la bancada Vamos acudieron a la sede de la Contraloría para exigir explicaciones directas, denunciando que cerca de 39 funcionarios habían sido afectados con cambios en su estatus laboral y retención de pagos.
Los diputados sostuvieron que la medida vulnera derechos y representa una intromisión en el Legislativo, mientras que la Contraloría rechazó estas acusaciones y defendió su rol constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos.