Le meten freno a la audiencia Bernardo Meneses: el abogado renuncia

Para el 22 de octubre de 2026, fue reprogramada la audiencia de solicitud de acumulación de expedientes dentro del proceso penal que enfrenta Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La decisión fue adoptada por la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, tras la renuncia del abogado particular Ángel Álvarez. Con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa, se otorgó tiempo a los nuevos representantes legales del imputado para que conozcan el contenido de las carpetillas involucradas en la solicitud.

Los abogados particulares Omar Jaén y Jean Paul Castillo, este último en calidad de abogado sustituto, asumirán la representación del exfuncionario durante esta etapa del proceso.

Entre los objetivos de la petición figura la unificación de las carpetillas relacionadas con presuntos delitos de peculado, en las que únicamente aparece el imputado, con el expediente por supuesto blanqueo de capitales, causa que involucra a otras 11 personas investigadas.

Actualmente, el exdirector mantiene cuatro carpetillas abiertas. Dos corresponden a presuntos delitos de peculado, una a supuesto blanqueo de capitales y otra a presunto enriquecimiento ilícito. Cada una se encuentra en distintas fases procesales, incluyendo investigación, etapa intermedia y trámites considerados como causas complejas.

De igual forma, permanecen pendientes otras audiencias relacionadas con solicitudes de acumulación. Estas fueron fijadas para el próximo 18 de junio, una a las 8:30 de la mañana y otra a las 2:00 de la tarde.

Durante la audiencia celebrada el martes 2 de junio de 2026, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior Azucena Aizpurúa. Por parte de la defensa participó Jean Paul Castillo como abogado sustituto y defensor técnico particular del imputado.

También asistieron a la diligencia un defensor público y seis defensores técnicos particulares, quienes forman parte de las representaciones legales vinculadas al caso.

Las pesquisas surgieron luego de una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República. Dicho informe detectó presuntas irregularidades en la administración del IFARHU durante el pasado quinquenio, hallazgos que dieron paso a las investigaciones que actualmente se desarrollan en el sistema de justicia penal.