La justicia mete el acelerador: 97% de los casos avanzó

El nuevo Código Procesal Civil registra avances en la resolución de casos en Panamá. De acuerdo con el magistrado Olmedo Arrocha Osorio, presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, el 97% de los expedientes ingresados durante el primer mes de aplicación de esta normativa, hasta octubre de 2025, ya había concluido su primera instancia.

Los resultados fueron expuestos durante un conversatorio promovido por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), que busca impulsar la creación del Observatorio de Transparencia Judicial. La propuesta apunta a dar seguimiento al funcionamiento de los tribunales mediante información verificable, independiente y disponible para la población.

Arrocha, quien además dirige la Sala Primera de lo Civil, explicó que el porcentaje restante corresponde a procesos que siguen en trámite por razones justificadas. También informó que, al 30 de septiembre de 2026, el sistema había recibido 30,409 expedientes principales, concedido el 91% de las 7,442 medidas cautelares solicitadas y liquidado la mitad de los cerca de 48 mil casos pendientes del antiguo Código Judicial.

El desempeño de la justicia civil no solo representa un asunto legal, sino que también guarda relación con la actividad económica. La resolución de disputas comerciales y contractuales puede influir en las inversiones, las finanzas de las empresas y la evaluación de riesgos, por lo que se considera necesario revisar continuamente los resultados y la calidad de la atención judicial.

Por su parte, Alberto López Tom, presidente de la APEDE, indicó que el Observatorio forma parte de su Plan de Trabajo 2026-2027 y pretende contribuir al fortalecimiento de la confianza ciudadana, mediante el reconocimiento de los avances y la identificación de aspectos que necesitan mejorar.

En tanto, Hernando Abraham Carrasquilla, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, destacó que la implementación del modelo exige preparación profesional, recursos tecnológicos y una administración judicial más moderna. Durante el conversatorio “Oralidad, digitalización y celeridad: desafíos y resultados del Código Procesal Civil a un año de su vigencia”, insistió en que la reforma debe estar acompañada de evaluaciones, ajustes y compromiso institucional para alcanzar sus objetivos.