La Chorrera: exalcalde y exfuncionario tras las rejas por presunto peculado

La aprehensión fue por peculado por malversación en detrimento del Municipio de La Chorrera. Cedida
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  • 23/04/2026 11:41

La Procuraduría General de la Nación confirmó la aprehensión

Un exalcalde del distrito de La Chorrera, Tomás Velásquez, junto a otro exfuncionario municipal, fue detenido por su presunta vinculación con el delito de peculado por malversación de fondos en perjuicio del Municipio de La Chorrera.

La información fue confirmada por la Procuraduría General de la Nación a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalló que las acciones se ejecutaron mediante la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, como parte de la Operación Refugio Seguro.

La entidad explicó que las diligencias se realizaron en distintos puntos del distrito, donde además se logró ubicar documentación relevante vinculada a la investigación, iniciada en el año 2025.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, las irregularidades estarían relacionadas con el uso de fondos provenientes del programa de Impuesto de Bienes, destinados a la construcción de un hogar para adultos mayores en la provincia de Panamá Oeste. Sin embargo, la obra fue edificada en un terreno privado y no cumplió con lo establecido en el contrato. Actualmente, el proyecto se encuentra en estado de abandono y deterioro, pese a haber recibido recursos estatales.

Estas detenciones se producen apenas un día después de que la Fiscalía Anticorrupción informara sobre la aprehensión de cuatro personas en los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur en Colón, entre ellas el exalcalde de Colón, Alex Lee; una exrepresentante suplente de Barrio Sur; el actual representante suplente de Barrio Norte; y el tesorero de la junta comunal de Barrio Norte. A todos se les investiga por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado, hecho que habría generado un perjuicio económico superior a los 6 millones de dólares al Estado.