El Movimiento Inquilinario de 1925 en Panamá (I Parte)

La condición de Panamá y Colón como ciudades de tránsito fue un factor determinante en su configuración urbana, económica y social. Su ubicación estratégica en las rutas comerciales internacionales convirtió a ambas ciudades en puntos neurálgicos del tránsito interoceánico, atrayendo población, inversión y actividad económica. Sin embargo, ese mismo dinamismo generó desigualdades profundas. Las oportunidades de trabajo y comercio concentraron a miles de personas en espacios reducidos, sin planificación urbana ni políticas de vivienda adecuadas.

La construcción del Ferrocarril Transístmico en 1850 marcó un punto de inflexión en este proceso. Con el auge de las obras, llegaron ingenieros, comerciantes, obreros y aventureros atraídos por la posibilidad de empleo y comercio. La súbita afluencia de población generó una fuerte demanda de alojamiento, lo que dio origen a los primeros bodegones o casas colectivas. Estos espacios, muchas veces improvisados y carentes de condiciones higiénicas, se convirtieron en los primeros ejemplos de una estructura habitacional precaria y de un mercado de alquiler informal. En ellos convivían hacinadas decenas de familias en pequeños cuartos, pagando alquileres desproporcionados por espacios mínimos, sin ventilación ni servicios básicos.

Con el paso del tiempo, la situación se agravó. La llegada de técnicos, comerciantes y obreros extranjeros durante los trabajos del Canal Francés y, posteriormente, del Canal Estadounidense, impulsó un nuevo ciclo de crecimiento urbano y demográfico. Los capitalistas locales y extranjeros identificaron en la escasez de vivienda una oportunidad de negocio y comenzaron a construir casas de inquilinato con múltiples cuartos destinados al arriendo. Estas viviendas, levantadas con materiales baratos y sin medidas sanitarias, eran ofrecidas a precios elevados. Mientras los propietarios acumulaban ganancias, los trabajadores —en su mayoría migrantes internos o extranjeros de escasos recursos— sufrían condiciones de vida degradantes.

Este proceso profundizó la desigualdad urbana. En un mismo espacio convivían los signos del progreso —puertos, ferrocarriles, comercio internacional— con cinturones de pobreza y hacinamiento. Las ciudades de tránsito crecieron sin planificación, dando prioridad a las actividades comerciales y portuarias por encima de las necesidades sociales. La vivienda, en lugar de concebirse como un derecho o una necesidad humana básica, pasó a ser tratada como un bien especulativo.

A ello se sumaba la ausencia de legislación sobre el arrendamiento, que dejaba a los inquilinos en completa indefensión. No existía ninguna norma que regulara los precios de los alquileres o las condiciones mínimas de habitabilidad. Los propietarios podían desalojar a los arrendatarios a su antojo o aumentar las rentas sin restricciones. El Estado, todavía débil e influenciado por intereses extranjeros, no intervenía en la protección de los sectores populares. En este contexto, el alquiler se convirtió en una forma de explotación económica cotidiana que afectaba a la mayoría trabajadora.

De esta manera, el aparente progreso económico de las ciudades de tránsito contrastaba con la precariedad habitacional y la miseria de amplios sectores de la población. Este contraste generó tensiones sociales crecientes, que a la larga desembocarían en el estallido del Movimiento Inquilinario de 1925. Dicho movimiento no surgió de manera espontánea, sino como resultado de un largo proceso de acumulación de desigualdades y de frustraciones urbanas.

Estos elementos —económicos, políticos y sociales— constituyen los antecedentes estructurales de la protesta. En el plano económico, la función de Panamá y Colón como nodos del tránsito comercial y la construcción del ferrocarril y del canal provocaron una urbanización desordenada y una concentración de riqueza en manos de pocos. En el ámbito político, la subordinación del Estado panameño a intereses extranjeros, primeros colombianos y luego estadounidenses, impidió la formulación de políticas sociales efectivas. Y en lo social, la desigualdad urbana, el hacinamiento y la falta de legislación consolidaron un escenario de injusticia cotidiana.

Apenas dos décadas después de la separación de Colombia, el país experimentaba un proceso acelerado de urbanización, especialmente en las ciudades terminales. El comercio, el empleo vinculado al Canal y el flujo migratorio impulsaron un crecimiento económico visible, pero desequilibrado. Según Pizzurno y Araúz (1989), ese aparente progreso coexistía con la pobreza y la marginación: los sectores populares soportaban salarios insuficientes, alquileres abusivos y condiciones insalubres que consumían buena parte de sus ingresos. En este contexto de contradicciones, la vivienda se convirtió en el eje de una lucha más amplia por la justicia social, que culminaría con las protestas inquilinarias de 1925, una de las primeras manifestaciones del despertar de la conciencia urbana y popular en la historia panameña.