Especial para El Siglo: El legado educativo y social de Buenaventura Correoso II parte

Nacido en la ciudad de Panamá en 1831, hijo de don José de los Santos Correoso —signatario de la Independencia de 1821—, el joven Correoso ejerció las profesiones de educador, periodista, juez y parlamentario antes de asumir la Presidencia del Estado Soberano de Panamá. Esta formación integral le permitió comprender que la verdadera emancipación de los sectores desfavorecidos no se lograba solo con discursos de barricada, sino mediante el acceso real al conocimiento y a las instituciones del Estado. Por ello, al evaluar la trayectoria de los gobernantes del siglo XIX panameño, la figura de Buenaventura Correoso destaca no únicamente por su destreza militar en los campos de batalla o su capacidad de movilización popular en el Parque de Santa Ana, sino por su visión transformadora de la sociedad a través de la educación pública y la equidad social.

En un país arrastrado por el analfabetismo y las secuelas del discriminatorio régimen de castas colonial, Correoso convirtió la instrucción pública en el pilar fundamental de su gestión gubernamental. Durante su segundo mandato presidencial (1871-1872), hizo promulgar la Ley Orgánica de Instrucción Pública, mediante la cual se estructuró por primera vez de forma científica y gratuita la enseñanza primaria y secundaria en el Istmo.

Bajo su gestión directo se abrieron más de cuarenta escuelas públicas en los departamentos del interior y en los barrios marginados de la capital. Consciente de que no podía existir una reforma educativa sin educadores bien preparados, fundó la Escuela Normal de Varones y promovió planteles vocacionales como la Escuela de Teneduría de Libros, brindando herramientas de superación laboral a la clase trabajadora nocturna. Asimismo, su gobierno dotó a la ciudad de la primera Biblioteca Pública Popular en el barrio de Santa Ana, concebida como un templo de saber accesible para el pueblo humilde del extramuros. Bajo su gestión, se impulsó de manera pionera la educación superior pública mediante la Ley del 21 de enero de 1871, la cual dio vida a la primera Universidad del Istmo de carácter estatal. Su existencia fue sumamente efímera debido a la inestabilidad y a las profundas conmociones políticas de la época —marcadas por constantes pugnas partidarias, revueltas y cambios de gobierno en el marco del federalismo colombiano—, lo que impidió la consolidación institucional de este primer intento de educación superior laica y estatal en el istmo.

En el plano administrativo y de salud pública, su legado resulta igualmente insoslayable. A él se debe la creación del primer Hospital de Caridad para la atención de la población indigente, la modernización de servicios municipales como el alumbrado y la infraestructura de salubridad, y el reasentamiento de las oficinas del Poder Ejecutivo en el actual Palacio de Las Garzas. En el ámbito normativo, promovió la autonomía del Ministerio Público y promulgó severas leyes sobre la contribución directa y el control impositivo sobre contratos latifundistas y comerciales.

Cuando en 1885 llegó el ocaso del federalismo, con la intervención de fuerzas colombianas y norteamericanas, se intentó borrar la obra que Correoso y los suyos habían levantado desde las bases. Pero su legado no desaparece: sigue siendo prueba viva de que la justicia social y la educación popular son causas que el tiempo no puede destruir. Recordar a Buenaventura Correoso no es solo homenaje, sino un deber con la historia del pueblo panameño y su búsqueda incesante de soberanía y dignidad. Su entrega y rectitud son el espejo en el que deberían mirarse todos los dirigentes de nuestra patria.