Docentes encadenados exigen respuestas sobre su futuro

Tras la creciente desesperación e incertidumbre que afecta a más de 300 educadores separados tras la huelga, dos docentes decidieron encadenarse frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir el fin de la persecución y las violaciones a sus derechos laborales.

Ivín Enríquez, docente del Centro Educativo Las Uvas, en San Carlos, y Enelda Batista, del Colegio José Remón Cantera, quienes han atravesado múltiples dificultades económicas y emocionales, se plantaron en la CSJ desde las 10:00 de la mañana de ayer con el único objetivo de obtener respuestas claras sobre su futuro en el año escolar 2026.

“Justicia para los docentes separados”, gritaban otros educadores con un megáfono, mientras Enríquez y Batista permanecían encadenadas. Según la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), la manifestación continuará hasta las 10:00 de la mañana de hoy, con la firme exigencia de que la ministra de Educación, Lucy Molinar ofrezca respuestas definitivas sobre el futuro laboral de los afectados.

“Es una tortura emocional, una incertidumbre tremenda. No sabemos qué pasará con nosotros”, expresó Enríquez, madre soltera de tres hijos, quien ha tenido que sobrevivir gracias a rifas, tómbolas, apoyos familiares y bolsas solidarias. “He tenido que reducir al máximo mis gastos, y hasta mi hijo menor se ha quedado sin cobertura médica. Pedimos justicia y una respuesta clara”, agregó con firmeza.

Un total de 304 educadores se encuentran en la misma situación: 167 mujeres y 137 hombres que fueron apartados de sus cargos tras la huelga que comenzó el 23 de abril y terminó el 11 de julio, en protesta por la reforma de la Caja de Seguro Social (CSS). Estos educadores fueron reemplazados por docentes suplentes a través del Decreto Ejecutivo N.º 17, que autorizó la contratación urgente de personal durante la huelga. Sin embargo, el contrato de los suplentes permanecerá vigente hasta diciembre de 2025, lo que deja a los docentes separados en un limbo de incertidumbre sobre su futuro.

Los educadores advierten que, de no recibir respuestas claras y satisfactorias, continuarán luchando por sus derechos, e incluso no descartan llevar el caso a instancias internacionales.

En las últimas semanas, los educadores han realizado vigilia y marchas, y han presentado una querella ante la Policía Nacional por impedirles participar en una protesta en La Chorrera el 28 de noviembre. Además, acudieron a la Defensoría del Pueblo, entregando 120 carpetas con evidencias de irregularidades y presentando una queja formal exigiendo una investigación sobre los hechos ocurridos durante esa marcha.