Dietilenglicol: Misa para recordar y exigir justicia

Atención médica más humana, acceso a medicamentos, reactivación de las certificaciones, respeto y cumplimiento de los derechos humanos de los afectados por el dietilenglicol son parte del clamor de los sobrevivientes y familiares de las víctimas del llamado “jarabe maldito”.

Estas peticiones resurgen con fuerza al cumplirse, en 2025, 19 años de la tragedia que marcó profundamente al país, afectando la vida de miles de panameños.

A pesar del tiempo transcurrido, entre 500 y 700 personas aún no han sido certificadas oficialmente como víctimas, pese a vivir con secuelas graves desde que consumieron el jarabe contaminado. Al menos 50 han fallecido esperando una respuesta del Estado.

El Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida (COFADESAVI) ha convocado a una misa conmemorativa el sábado 19 de octubre a las 8:00 a.m. en la Catedral Metropolitana, como acto de memoria y homenaje a quienes fallecieron, así como a quienes aún sufren las consecuencias de esta intoxicación masiva.

“Invitamos a la ciudadanía a acompañarnos. El 17 de octubre debe ser un día de reflexión nacional. Es prohibido olvidar”, expresó un vocero del comité.

El 17 de octubre de 2006, la Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que varios lotes de jarabe medicinal estaban contaminados con dietilenglicol, un compuesto químico utilizado en la industria, pero altamente tóxico para el consumo humano. Se estima que alrededor de 220,000 frascos de este jarabe fueron distribuidos entre 2004 y 2006.

Las víctimas y sus familiares siguen reclamando la reactivación de la Comisión de Seguimiento y Reparación Integral a las Víctimas del Dietilenglicol, la cual ha permanecido inactiva, dejando en el abandono a cientos de afectados.

Además, denuncian que siguen enfrentando serias dificultades para acceder a pensiones, tratamientos médicos, medicamentos esenciales y estabilidad laboral, lo que continúa agravando su ya precaria situación.

Actualmente, solo unas 940 personas reciben una pensión vitalicia de $1,000 mensuales, mientras que COFADESAVI estima que cerca de 3,000 personas fueron afectadas directamente por el consumo del jarabe contaminado.