De la cárcel a la casa: cambian medida cautelar a exalcalde de Arraiján
- 06/03/2026 15:02
Tribunal ordena arresto domiciliario para Rollyn Rodríguez y tres exfuncionarios en caso por presunto peculado
El exalcalde del distrito de Arraiján, Rollyn Rodríguez, y tres exfuncionarios municipales imputados por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado en perjuicio del Municipio de Arraiján, lograron que el Tribunal Superior de Apelaciones modificara las medidas cautelares que pesaban en su contra.
Durante una audiencia de apelación desarrollada entre el jueves y viernes en el Tribunal Superior de Apelaciones, ubicado en Plaza Fortuna, las defensas convencieron a los magistrados de cambiar las medidas. La diligencia inició el jueves a las 8:30 a.m. y se extendió hasta el día siguiente.
A Rodríguez y a los otros tres exfuncionarios se les decretó arresto domiciliario y la obligación de firmar todos los lunes de cada semana. Además, el tribunal eliminó las fianzas que se habían impuesto: 100 mil dólares para el exalcalde, 50 mil dólares para dos exfuncionarios y 10 mil dólares para una exfuncionaria.
Como parte de las nuevas medidas cautelares, los imputados no podrán salir del país, no podrán acercarse ni tener comunicación entre ellos, y también tienen prohibido acercarse al Municipio de Arraiján mientras continúe el proceso.
La querella fue presentada en 2024 por la actual alcaldesa de Arraiján, Stefany Dayana Peñalba, quien estuvo representada en la audiencia por el abogado César Jiménez Buitrago, en nombre del Municipio de Arraiján. Los imputados fueron asistidos por abogados particulares y una defensora pública.
El proceso guarda relación con el presunto uso irregular de fondos provenientes de la Autoridad Nacional de Descentralización para la ejecución de proyectos comunitarios en Arraiján.
Según la investigación, se habrían realizado pagos por adelantado y por supuesta culminación de obras a una empresa que no concluyó los trabajos e incluso por proyectos inexistentes, entre ellos construcción de parques, aceras, cajones y cunetas pluviales, así como adecuaciones en cementerios.
Los fondos presuntamente utilizados provenían de la Cuenta Única del Tesoro municipal, vinculada a recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) destinados a obras y proyectos de descentralización.