¡Chanchullo! CSS revela traspasos millonarios sin respaldo legal

El equipo legal de la Caja de Seguro Social (CSS) presentó tres querellas ante el Ministerio Público (MP) para que se investigue el presunto financiamiento inadecuado del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el uso indebido de recursos económicos de la institución, y la retención de cuotas obrero-patronales.

Estos procesos legales se suman a 350 querellas previas contra empresarios e instituciones públicas por la misma causa, acumulando un total de 8.4 millones de dólares en cuotas retenidas de forma indebida.

Las nuevas acciones legales fueron presentadas por Franklin Castrejón Aguilera, director ejecutivo nacional legal de la CSS, quien explicó que, tras una investigación iniciada en octubre del año pasado, se concluyó que hubo financiamiento inadecuado del programa IVM entre 2010 y 2023.

“Aproximadamente cada año se trasladaban cerca de 2 mil millones de dólares desde distintos programas de la Caja hacia el IVM para cubrir su déficit”, explicó Castrejón, al añadir que estos traspasos son ilegales, ya que la ley no lo permite.

En relación con el uso ilegal de fondos institucionales para cubrir gastos del Gobierno Central, el director ejecutivo nacional de Finanzas, César Herrera, indicó que entre 2023 y 2024 han identificado 400 millones de dólares en transacciones sin sustento legal ni aprobación de la Junta Directiva, realizadas de forma irregular.

Además, la CSS informó que juntas comunales y municipios adeudan unos 21 millones de dólares, lo que ha afectado a trabajadores y extrabajadores que no pueden jubilarse ni acceder a sus prestaciones médicas por la retención indebida de sus cuotas.

Según datos de la entidad, en el último trimestre de 2023, la CSS realizó tres transferencias de 100 millones de dólares cada una sin respaldo legal ni autorización de su Junta Directiva.

En cuanto a la retención ilegal de cuotas, la CSS ha identificado 290 casos, de los cuales 109 involucran a juntas comunales y municipios de administraciones pasadas.

Por otro lado, el Ministerio Público ha recibido 278 denuncias de diversos tipos, presuntamente vinculadas a ilegalidades cometidas durante la pasada administración gubernamental.

El presidente, José Raúl Mulino, advirtió a sus funcionarios que, así como les pide que denuncien todo lo que hizo la gestión anterior, también pedirá cuentas si alguno se desvía del camino correcto. “La transparencia y la honestidad valen para todos. Este Gobierno no tiene actos de impunidad con nadie”, afirmó.

El equipo legal de la Caja de Seguro Social (CSS) presentó tres querellas ante el Ministerio Público (MP) para que se investigue el presunto financiamiento inadecuado del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el uso indebido de recursos económicos de la institución, y la retención de cuotas obrero-patronales.

Estas deudas se suman a 350 querellas previas contra empresarios e instituciones públicas por la misma causa, acumulando un total de 8.4 millones de dólares en cuotas retenidas de forma indebida.

Las nuevas acciones legales fueron presentadas por Franklin Castrejón Aguilera, director ejecutivo nacional legal de la CSS, quien explicó que, tras una investigación iniciada en octubre del año pasado, se concluyó que hubo financiamiento inadecuado del programa IVM entre 2010 y 2023.

“Aproximadamente cada año se trasladaban cerca de 2 mil millones de dólares desde distintos programas de la Caja hacia el IVM para cubrir su déficit”, explicó Castrejón, al añadir que estos traspasos son ilegales, ya que la ley no lo permite.

En relación con el uso ilegal de fondos institucionales para cubrir gastos del Gobierno Central, el director ejecutivo nacional de Finanzas, César Herrera, indicó que entre 2023 y 2024 han identificado 400 millones de dólares en transacciones sin sustento legal ni aprobación de la Junta Directiva, realizadas de forma irregular.

Además, la CSS informó que juntas comunales y municipios adeudan unos 21 millones de dólares, lo que ha afectado a trabajadores y extrabajadores que no pueden jubilarse ni acceder a sus prestaciones médicas por la retención indebida de sus cuotas.

Según datos de la entidad, en el último trimestre de 2023, la CSS realizó tres transferencias de 100 millones de dólares cada una sin respaldo legal ni autorización de su Junta Directiva.

En cuanto a la retención ilegal de cuotas, la CSS ha identificado 290 casos, de los cuales 109 involucran a juntas comunales y municipios de administraciones pasadas.

Por otro lado, el Ministerio Público ha recibido 278 denuncias de diversos tipos, presuntamente vinculadas a ilegalidades cometidas durante la pasada administración gubernamental.

El presidente, José Raúl Mulino, advirtió a sus funcionarios que, así como les pide que denuncien todo lo que hizo la gestión anterior, también pedirá cuentas si alguno se desvía del camino correcto. “La transparencia y la honestidad valen para todos. Este Gobierno no tiene actos de impunidad con nadie”, afirmó.