Caso dietilenglicol: pacientes presionan por seguimiento real y respuestas pendientes

Pacientes certificados y otros en proceso de certificación, vinculados a los presuntos casos de envenenamiento por dietilenglicol, acudieron a la Defensoría del Pueblo para exponer sus inquietudes sobre la atención que reciben en policlínicas y hospitales del sistema público de salud.

Los afectados fueron atendidos por el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, quien anunció que se enviarán notas y oficios a las autoridades sanitarias competentes como parte del seguimiento a los reclamos presentados.

Leblanc González explicó que se trata de un caso que requiere supervisión continua a través de las comisiones de evaluación, con el objetivo de garantizar un trato digno a las personas afectadas, evitar la revictimización y contribuir a la no repetición de los hechos, conforme a las resoluciones aprobadas y publicadas en la Gaceta Oficial de Panamá.

Por su parte, Gabriel Pascual, en representación del comité de víctimas, señaló que acudieron a la institución para que actúe como intermediaria entre el Gobierno, las autoridades de salud y los afectados. “Hemos buscado en la Defensoría del Pueblo para que sea ese medio o intermediario entre el gobierno, las autoridades de salud y las víctimas, para cerrar un proceso que ha sido tedioso y garantizar una mejor calidad de vida a todas las personas afectadas”, expresó.

Cabe recordar que el 17 de octubre de 2006, la Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que varios lotes de jarabe medicinal estaban contaminados con dietilenglicol, un compuesto químico utilizado en la industria, pero altamente tóxico para el consumo humano. Se estima que alrededor de 220,000 frascos fueron distribuidos entre 2004 y 2006.

Actualmente, unas 940 personas reciben una pensión vitalicia de 1,000 dólares mensuales. Sin embargo, el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida (COFADESAVI) estima que cerca de 3,000 personas fueron afectadas directamente por el consumo del jarabe contaminado, lo que mantiene vigente la demanda de justicia, atención médica adecuada y reparación integral.