¡Cashback, familiares y ayudas fantasma! Así se movían los fondos del PDIS

Las investigaciones por el presunto manejo irregular de fondos de descentralización del Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (PDIS) siguen destapando hallazgos preocupantes.

Hasta el momento, 49 auditorías han comprobado una lesión económica al Estado por 41.4 millones de dólares, mientras que la Fiscalía mantiene abiertas pesquisas sobre recursos que superan los 214 millones de dólares.

La Procuraduría General de la Nación divulgó ayer las cifras a través de sus redes sociales, donde la fiscal superior Anticorrupción, Digna Castillo, presentó un balance de las investigaciones iniciadas tras las denuncias interpuestas por la Autoridad Nacional de Descentralización.

Según los datos oficiales, existen 334 denuncias relacionadas con el manejo de fondos del PDIS por un monto global estimado de 214 millones de dólares. De estas, 73 ya han sido recibidas formalmente por el Ministerio Público, mientras que otras 261 permanecen pendientes de trámite.

Las auditorías realizadas hasta la fecha reflejan un panorama inquietante. De los casos analizados, 49 auditorías comprobaron una lesión económica al Estado por 41.4 millones de dólares. En contraste, 24 auditorías concluyeron que no existió perjuicio patrimonial al encontrarse debidamente sustentados los gastos efectuados.

Pero los hallazgos van más allá de las cifras. Castillo aseguró que algunas investigaciones apuntan a representantes que presuntamente utilizaron recursos públicos para beneficiar a familiares, allegados y empresas vinculadas a su entorno.

“Hay investigaciones donde el representante se quedó con unos 500 mil dólares. Los fondos fueron entregados a empresas de sus familiares, a familiares directos y a personas muy cercanas, sin justificación”, afirmó la fiscal.

Las investigaciones también han permitido identificar presuntos modus operandi utilizados para desviar recursos entre 2020 y 2022. Entre ellos figuran la modalidad conocida como “cashback”, transferencias a terceros, falsas ayudas humanitarias y presuntos esquemas de blanqueo de capitales.

Castillo rechazó que las investigaciones tengan motivaciones políticas y sostuvo que los expedientes avanzan contra quienes recibieron y administraron fondos públicos sin poder justificar adecuadamente su destino.

La fiscal también reveló que se han detectado casos de personas que recibieron más de 100 mil dólares en cheques durante apenas dos años, una situación que calificó como una “malversación de fondos obvia”.