Bocas del Toro | En agosto exhumarán el cuerpo de la bebé fallecida en las protestas

Doce días después de que el presidente José Raúl Mulino negara rotundamente que hubieran ocurrido muertes durante la implementación del Estado de Urgencia en Bocas del Toro, el procurador general de la Nación, Luis Gómez, confirmó hoy que sí: una persona murió por impacto de bala durante las protestas, y la investigación sigue en curso.

No solo eso. El procurador también reveló que en agosto se exhumará el cuerpo de una bebé, cuya muerte estaría relacionada con los gases lacrimógenos usados durante las manifestaciones.

“Efectivamente, hay una persona que fue reportada como lesionada y posteriormente fallece... la necropsia señala el uso de un arma de fuego; aunque no se ha podido identificar a los responsables”, declaró el funcionario, precisando que la investigación está siendo llevada por la Sección de Homicidios en la provincia de Bocas del Toro.

En cuanto a la supuesta existencia de más cadáveres, aclaró que sí se investigó una denuncia sobre cuerpos, pero la pesquisa no arrojó evidencia que confirmara tal versión.

Respecto al fallecimiento de una bebé, presuntamente a causa de la inhalación de gases durante las protestas, el procurador indicó que inicialmente los padres se opusieron a la exhumación. Sin embargo, el fiscal del caso solicitó autorización judicial, la cual fue concedida. El procedimiento forense está programado para agosto.

Además, el procurador informó que hay cerca de 95 denuncias por presunto abuso policial durante el Estado de Urgencia decretado en junio en Bocas del Toro.

Hasta el momento, 281 personas han sido judicializadas, la mayoría con medidas cautelares, mientras otras permanecen en prisión preventiva. “El caso se encuentra en fase de investigación formal”, enfatizó Gómez.

También confirmó que 64 denuncias están actualmente en trámite por hechos ocurridos específicamente en Bocas, pero advirtió que también se investigan posibles abusos en Veraguas, Chiriquí, Darién y algunos casos en Coclé, en el marco de las protestas contra la controvertida Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social.

Muchas de estas denuncias han sido presentadas directamente por ciudadanos, mientras otras provienen de la Defensoría del Pueblo, que ha venido documentando presuntas violaciones a los derechos humanos desde el inicio de las movilizaciones.

Cabe recordar que el pasado 17 de julio, el presidente Mulino desestimó las denuncias al afirmar que “eso es falso, que existan muertes” cuando se le preguntó si su gobierno impulsaría una comisión de la verdad para esclarecer los hechos.