Auxilios económicos: 28 estudiantes bajo investigación

Un total de 28 estudiantes beneficiados con auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) están siendo investigados por su presunta vinculación en dos delitos graves contra la administración pública: peculado y corrupción.

Hasta el momento, cinco estudiantes han sido formalmente imputados.

La fiscal Asucena Aizprúa, quien lidera las investigaciones de las operaciones “Retorno” y “Retorno 2.0”, explicó que los imputados han sido ya llevados a audiencias de garantías, en las que se les impuso la medida cautelar de reporte periódico.

Mañana está programada la comparecencia de otros cinco estudiantes, mientras que el viernes será el turno de otros trece.

Un estudiante, que no atendió el llamado de la Oficina Judicial, se le reprogramó su audiencia para diciembre de este año.

En la misma conferencia, la fiscal Aizprúa recordó que el 7 de julio de este año se logró la aprehensión de Bernardo Meneses, exdirector del IFARHU, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y peculado. La fiscal subrayó que, en este caso, existen tres líneas de investigación abiertas.

Aizprúa detalló que, en relación con el enriquecimiento injustificado, un informe de la Contraloría reveló una lesión patrimonial de $419,000. Meneses permanece detenido provisionalmente en el centro penitenciario de Tinajitas.

En este mismo caso, fueron aprehendidos dos exmiembros de la comisión evaluadora del subprograma de auxilios económicos: Héctor Sambrano, exdirector de Becas y Asistencia Educativa y actual representante del corregimiento Barrio Colón de La Chorrera, y la exdirectora de Finanzas del IFARHU. Ambos han sido sujetos a medidas cautelares de reporte periódico y prohibición de salida del país. Ante esto, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación, cuya audiencia está programada para el 21 de octubre

La fiscal también detalló que el daño al erario público, debido a las asignaciones irregulares de fondos del programa de auxilios económicos y becas, asciende a $24 millones.

Ayer, los fiscales superiores Anticorrupción presentaron un balance de los resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción en el sector público, correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2025.

Según el informe, la Procuraduría mantiene actualmente 4,725 causas activas. Además, se han enviado más de 48,617 oficios a diversas instituciones del Estado, se han realizado 865 inspecciones oculares, 4,330 entrevistas a testigos e involucrados, y se han gestionado 30 asistencias judiciales internacionales.

Se hizo mención de la Operación Vigas H, Operación Red Mercurio y Operación Comunidad; esta última vinculada al uso indebido de fondos del Programa de Interés Social (PDIS), y mantiene hasta el momento a 43 personas imputadas.

Un dato importante revelado en la conferencia es que la Autoridad Nacional de Descentralización ha presentado 290 denuncias por el manejo irregular de fondos públicos, la mayoría de ellas relacionadas con las juntas comunales.

Asimismo, de las 281 investigaciones activas que lleva la Fiscalía Anticorrupción, nueve han sido descartadas por duplicidad, ya que se trataban de denuncias previamente presentadas por particulares.