Anati, más cerca de las comunidades

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras avanza en un ambicioso proceso de ordenamiento territorial y atención comunitaria que prioriza la entrega de títulos de propiedad, el fortalecimiento del catastro, la atención descentralizada y la planificación para proyectos estratégicos. Se trata de una segunda línea de trabajo que, complementada con los recursos tecnológicos, se enfoca en la consolidación del territorio desde el terreno, con brigadas, barridos catastrales, atención en provincias y coordinación interinstitucional.

En este proceso, ANATI ha firmado acuerdos de cooperación con: San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y próximamente con el distrito de Panamá. La intención con estos convenios es la de descentralizar servicios, mejorar la atención al ciudadano, coordinar catastros municipales, regularizar linderos estatales y dar más orden al uso del suelo en zonas urbanas y rurales.

“Hay mucha burocracia para firmar los convenios, nos ha tomado ocho meses de conversaciones con los departamentos legales de diversos municipios, pero a medida que van los municipios principales, Colón ya lo firmó, por ejemplo, lo firmó San Miguelito, los lo firmó Arraiján, lo firmó La Chorrera, Panamá está pronto a firmar, ya los demás se van sumando porque nadie se quiere quedar atrás”, informa Andrés Pagés Chanis, administrador de la Autoridad Nacional de la Anati.

La institución está igualmente incentivando a las entidades de gobierno central que se aseguren que todas las tierras donde tienen infraestructura o quieren hacer mejoras esté en efecto a nombre de ellos para evitar desagradables sorpresas que generan gastos al Estado. “Hemos tenido muy buena acogida de parte del gobierno central y todo poco a poco se está legalizando”, asegura el administrador.

Actualmente, y para ir ordenando la casa, la Contraloría General de la República no está refrendando ningún contrato de construcción o remodelación si los predios no están a nombre de la entidad que lo solicita.

Los desórdenes que se suscitaban por discrepancias entre registros municipales y de la Nación están disminuyendo gracias a la firma de estos convenios de cooperación para el debido intercambio de información catastral.

“Al final del día Panamá es uno, la tierra es una, no es que el municipio sea una isla. Panamá es Panamá y el encargado de tener esa información catastral somos nosotros, Anati. Esa responsabilidad es de nosotros como Gobierno Central”, sostiene Pagés. Así, a lo largo del tiempo se mantendrá una información actualizada y real, aunque cambien las administraciones.

Otro cambio en los trámites que generará más claridad y también agilidad es que los terrenos para uso del gobierno no se están cediendo a entidades, sino que se les otorga a estas en uso y administración. Un proceso más ágil y ordenado.

La titulación es uno de los pilares de gestión de la Anati. Para muchas familias, recibir un título de propiedad significa acceder a créditos, planes de vivienda, programas productivos, becas, financiamiento agrícola y la posibilidad de heredar legalmente su terreno. Gracias al reforzamiento técnico y operativo de las Direcciones de Titulación y Adjudicación Masiva, la institución ha logrado reducir la mora acumulada e incrementar significativamente el ritmo de entregas de títulos de propiedad en todo el país.

Río Indio, atención especial

El proyecto hídrico del Río Indio, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá, requiere una atención especial debido al impacto social y territorial que generará.

ANATI gestiona procesos de verificación, actualización catastral y regularización de predios dentro del área de influencia del proyecto.

Para atender esta demanda de forma más ágil, la institución abrió una oficina operativa en Capira en la que es posible realizar trámites de manera más rápida, atender consultas de las comunidades, coordinar inspecciones y canalizar procesos vinculados a reasentamientos o compensaciones.

Esta oficina es un punto estratégico que facilita la coordinación con ACP, alcaldías y juntas comunales donde cualquier duda será resuelta.

En cuanto a catastro, otra pieza fundamental de la gestión, Anati se ha propuesto poner al día la información a nivel nacional. “Aquí no hay un inventario de las tierras del Estado, por ejemplo. Si una institución como el Ministerio de Salud requiere de un terreno para la construcción de un hospital, en lugar de tener ya automáticamente esa información, hay que enviar personal de mensura catastral a que vaya predio por predio para saber qué terreno estaría disponible”, ejemplifica el administrador.

“Esta información debería estar disponible para todas las entidades y eventualmente para el público en general. Estamos levantando toda esa información para poder actuar de forma mucho más rápida”.

En Panamá, un país más bien pequeño en comparación con nuestros vecinos, con 75 000 km cuadrados, esta meta, de acuerdo con Pagés, es absolutamente alcanzable. Las principales demoras han sido en la consecución del presupuesto.

“Una vez tengamos el total de los fondos, calculamos que unos 36 meses ya tendremos el programa listo y que no se pueda echar para atrás, porque la idea es que lo que se haga aquí no venga el siguiente y lo deshaga”, afirma.

El proceso ha iniciado con Coclé, una de las provincias centrales que menos catastrada está, a diferencia de Herrera que cuenta ya con un 90% de terrenos catastrados. “Ya tenemos 70,000 hectáreas registradas y con esto se van a ver beneficiadas unas 150,000 personas”.

El barrido continuará a nivel nacional hasta completar todo el territorio.

Un resultado claro de todas las regularizaciones efectuadas es el incremento en las recaudaciones que ha tenido la institución.

Entre el primer y el segundo semestre de 2024, la recaudación por concesiones y arrendamientos registró un aumento significativo de B/. 428,830.47, al pasar de B/. 113,997.79 a B/. 542,828.26. Al momento se mantiene una tendencia sostenida al alza en lo que va de 2025. Este crecimiento es el resultado de auditorías internas, control del uso del suelo estatal, actualización de cánones, recuperación de pagos pendientes y una mejor fiscalización de contratos.

“Aquí no había un inventario de las concesiones otorgadas. El Estado recaudaba alrededor de B/.10,000 a 15,000 al mes, salvo un mes que pagaban una concesión específica ¿Cómo es eso concebible? Y no había un registro, que es lo peor”, cuestiona.

Al final de la gestión de Pagés está seguro de poder entregar una institución completamente digital, transparente, sin escándalos. “Estamos seguros de que, sin escándalos, porque cuando hay transparencia todo cambia”, asegura. “Desde el día 1 que entramos aquí, sabíamos que ese era el reto principal de esta entidad que tiene una mala percepción en general y la única manera de cambiar eso es haciéndola transparente, y creo que ese será mi aporte a la Nación: dejar un catastro transparente, digital accesible e irreversible. Que nunca más volvamos a esto de los papeles y expedientes con páginas que se van y vienen. Esa ha sido la misión que nos ha encomendado el presidente José Raúl Mulino: transparencia, trazabilidad y eficiencia para la gente”, concluye.