A Mulino tampoco le gustan las jubilaciones especiales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se distanció públicamente del Acuerdo N°407 del 18 de julio de 2024, emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual establece un fondo de compensación por retiro que otorga jubilaciones especiales a jueces y magistrados.

“Quiero destacar que esta es una decisión exclusiva del Órgano Judicial, que es independiente del Ejecutivo. Quiero ser claro: esto no tiene el aval, ni es una decisión del poder Ejecutivo”, explicó Mulino durante su conferencia de prensa semanal este jueves 14 de agosto.

El mandatario fue más allá al expresar que, a título personal, no comparte la medida adoptada por el Pleno de magistrados.

“No con ánimos de bronca con nadie, sino porque no es el momento para este tipo de decisiones. Tenemos limitaciones presupuestarias grandes y estamos haciendo un gran esfuerzo para explicarlas. La contención en el gasto no es un capricho, es una necesidad del país”, enfatizó.

El Acuerdo 407, publicado en Gaceta Oficial recientemente, garantiza a los magistrados del pleno una jubilación equivalente al 100% del último salario devengado, que actualmente alcanza los $14,000 mensuales, tras un autoaumento aprobado este mismo año.

El documento también establece beneficios escalonados para magistrados de tribunales superiores (60 %), jueces de distrito (50 %) y jueces municipales (40 %), cubiertos parcialmente por la Caja del Seguro Social y el resto por el presupuesto del Órgano Judicial.

Este privilegio ha generado una fuerte reacción en la opinión pública y sectores sociales, que lo consideran inconstitucional por tratarse de una materia que debe regularse por ley, y por violar el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

Una de las voces más contundentes fue la de la Comisión Nacional Pro-Valores Cívicos y Morales de Panamá, que agrupa a los principales clubes cívicos del país. En un pronunciamiento oficial, la organización expresó su “profunda preocupación” y rechazo al acuerdo, al que calificó como contrario a los principios de equidad, transparencia y responsabilidad fiscal.

“El acuerdo se adoptó en un contexto social complejo y con celeridad, poco tiempo después de un incremento salarial, lo que evidencia una desconexión alarmante con la realidad nacional por parte de quienes deben impartir justicia”, señaló el comunicado.