Más democracia universitaria, no menos

En Panamá se debate actualmente el Proyecto de Ley No. 83, orientado a limitar la reelección de los rectores de las universidades oficiales. Se trata de un debate legítimo y oportuno, que toca fibras sensibles del sistema universitario panameño. Sin embargo, existe el riesgo de que la discusión se concentre en la consecuencia y no en la causa real de las profundas distorsiones que hoy afectan la democracia electoral universitaria.

Desde nuestra perspectiva como docente universitario, consideramos que el derecho a la reelección —limitado razonablemente a una sola vez— debe ser respetado, tanto como derecho individual de quien aspira a dar continuidad a un proyecto académico, como derecho colectivo de la comunidad universitaria a decidir, mediante el voto, si una gestión merece o no continuar. Prohibir la reelección, por sí sola, no garantiza transparencia, equidad ni procesos electorales justos. Por el contrario, puede convertirse en una respuesta superficial que evade los problemas estructurales que corroen los procesos electorales universitarios.

Los procesos electorales en las universidades oficiales enfrentan déficits estructurales que afectan gravemente su legitimidad y credibilidad. Entre ellos destaca, más allá de la reelección, la ausencia de una separación objetiva y oportuna del rector que aspire a continuar en el cargo, lo cual abre la puerta a interferencias directas o indirectas en el desarrollo del proceso. A ello se suma el voto ponderado, que distorsiona la voluntad real de la comunidad universitaria al asignar valores desiguales al sufragio de estudiantes, docentes y administrativos, debilitando el principio democrático de igualdad.

Asimismo, se ve comprometida la integridad de los órganos colegiados electorales, cuyos miembros, en muchos casos, carecen de estabilidad laboral y quedan expuestos a presiones, represalias o injerencias indebidas.

La falta de reglas claras, objetivas y previamente establecidas en las normas electorales, así como la modificación discrecional de requisitos y procedimientos durante el propio proceso, agravan la inseguridad jurídica. Todo ello se traduce en una participación limitada y no efectiva de los estamentos universitarios en las decisiones electorales, ya sea por exclusión directa o por mecanismos indirectos que restringen su incidencia real. Finalmente, la injerencia interna y externa en las decisiones de los órganos electorales termina por desnaturalizar el proceso, convirtiendo las elecciones universitarias en escenarios de poder y control, en lugar de ejercicios auténticos de democracia y autonomía universitaria.

El verdadero debate de fondo no es la reelección, sino cómo se elige. Uno de los principales déficits democráticos en las universidades oficiales panameñas es el voto ponderado. Actualmente, en la mayoría de estas instituciones, el voto se distribuye de la siguiente manera: 50% para los docentes, 25% para los administrativos y 25% para los estudiantes. Esta ponderación, aunque legalmente establecida, no es democrática en esencia, pues no respeta el principio básico de igualdad política: una persona, un voto.

La experiencia histórica demuestra que muchos rectores han sido reelectos sin el respaldo mayoritario del estudiantado. Han ganado con el peso del voto docente y, en algunos casos, con fracciones del voto administrativo, mientras que la voluntad estudiantil —aunque claramente mayoritaria en términos numéricos— queda neutralizada por su baja ponderación. Esto ha ocurrido en la Universidad de Panamá, en la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y, con distintos matices, en otras universidades oficiales del país.

Este esquema abre la puerta a prácticas profundamente nocivas para la institucionalidad universitaria. La reelección, bajo esta regla, se vuelve negociable. Se presta para acuerdos informales, compromisos de conveniencia y pactos de poder que poco tienen que ver con la calidad académica o la visión institucional, como ocurrió en la UMIP, hecho que hemos venido denunciando de manera sostenida.

En algunos casos, a los docentes se les prometen procesos de categorización; a los administrativos, aumentos salariales o beneficios laborales., tal como ocurrió en la UMIP. A los estudiantes, en cambio, no se les promete nada, porque su voto, en términos reales, no define la elección.

Y aquí surge una pregunta fundamental: ¿por qué el voto del estudiante vale menos? La tesis de que el estudiante es “transitorio” y, por ello, debe tener menor peso, no resiste un análisis serio. El estudiante es sujeto y objeto del proceso educativo. Es la razón de ser de la universidad pública. Si los estudiantes están insatisfechos con la gestión de un rector, su opinión no solo debe ser escuchada: debe contar. De lo contrario, se institucionaliza una democracia tutelada, donde se permite votar, pero no decidir.

La solución no es limitar derechos políticos universitarios, sino ampliarlos y equilibrarlos. En ese sentido, las universidades oficiales deben avanzar hacia un modelo donde el voto de estudiantes, docentes y administrativos tenga el mismo valor, sin ponderaciones artificiosas que distorsionen la voluntad colectiva. La comunidad universitaria es una sola: diversa en funciones, pero igual en dignidad democrática.

Otro aspecto crítico del proceso electoral universitario es la fragilidad institucional de los organismos electorales internos. Comités, comisiones o juntas electorales están llamados a ser garantes de transparencia; sin embargo, en muchos casos están integrados por personas sin estabilidad laboral, de libre nombramiento y remoción. Esto los hace vulnerables a presiones directas o indirectas de quien detenta el poder, generalmente el rector en funciones, como ocurrió de manera evidente en la Universidad Marítima Internacional de Panamá.

Basta observar lo sucedido en la UMIP para comprender la magnitud de las irregularidades. El presidente y la secretaria del Comité Electoral fueron perseguidos y posteriormente destituidos de manera ilegal, por el simple hecho de haber advertido que el rector Víctor Luna Barahona, aspirante a la reelección, no cumplía con los requisitos establecidos. Tras estas destituciones arbitrarias, tres miembros del Comité Electoral presentaron su renuncia en señal de rechazo y solidaridad institucional.

Esta situación dejó al Comité sin la integración legítima necesaria para actuar y evidenció un clima de presión e injerencia indebida que marcó todo el proceso electoral. Aun así, de forma abiertamente irregular, se continuó actuando como si existiera quórum válido, aprobando resoluciones y suplantando firmas de exmiembros, lo que comprometió gravemente la legalidad del proceso, y evidenció el fraude electoral.

Posteriormente, se designó a un nuevo presidente del Comité Electoral, persona de entera confianza del rector. Bajo esta nueva conformación, se convocó a elecciones y se aprobó un calendario claramente restrictivo y desproporcionado, otorgando apenas un mes y veinte días para todo el proceso, en abierta contradicción con los principios de publicidad, participación y equidad.

Durante el desarrollo del proceso, se limitó deliberadamente la participación estudiantil, tanto en la toma de decisiones del comité como en las etapas sustantivas de la elección. La fecha de votación fue fijada estratégicamente en un período académico crítico, coincidente con exámenes finales y rehabilitaciones, reduciendo de forma efectiva la participación del estudiantado.

A ello se sumó la admisión de la candidatura a la reelección de Víctor Luna Barahona, pese a no cumplir los requisitos normativos. La norma exigía una maestría en el área marítima, pero se presentó una maestría en docencia superior. También se exigía copia certificada del diploma de licenciatura, pero solo se entregó una certificación de culminación de estudios. A pesar de ello, el Comité Electoral convalidó la postulación y, durante la impugnación, impuso requisitos no previstos en la norma a la persona impugnante, vulnerando el principio de igualdad procesal.

Finalmente, el rector nunca se separó oportunamente del cargo durante el proceso electoral. Por el contrario, dilató su separación, generando interferencias directas y dejando a la universidad en una situación de acefalía administrativa. Todo ello confirmó el uso indebido del poder y la ausencia de garantías democráticas.

El caso de la UMIP no es solo ilustrativo: es la demostración clara de que no existió independencia electoral, de que no se celebraron elecciones libres y de que, sin protección legal efectiva, no puede hablarse de una autonomía universitaria real. Por ello, resulta indispensable que la normativa universitaria establezca que los órganos electorales estén integrados exclusivamente por personas con estabilidad laboral comprobada y que cuenten con un fuero electoral fuerte, sustantivo y efectivo, antes, durante y después del proceso.

Adicionalmente, el reglamento electoral universitario debe ser objetivo, balanceado y cerrado, garantizando la participación de la comunidad universitaria, pero evitando la incidencia de personas sin trayectoria académica ni compromiso institucional en procesos que exigen conocimiento, experiencia y responsabilidad.

La universidad pública debe ser ejemplo de democracia, no su excepción. Prohibir la reelección no resolverá los vicios estructurales del sistema electoral universitario. El verdadero camino —más exigente, pero también más justo— pasa por eliminar el voto ponderado, garantizar la igualdad real del sufragio, blindar legalmente a los órganos electorales y asegurar procesos auténticamente libres, independientes y participativos.

Finalmente, la separación del rector que aspire a la reelección debe ser regulada con claridad. Esta separación debería producirse, al menos, seis meses antes del inicio del proceso electoral, e incluir una licencia con sueldo en su condición de docente por un período mínimo de tres meses previos a la elección, a fin de evitar el uso indebido de su posición académica o administrativa.

Más democracia universitaria no se logra restringiendo derechos, sino corrigiendo las reglas para que la voluntad colectiva se exprese sin miedo, sin presiones y sin trampas. Ese debe ser el norte de cualquier reforma universitaria seria y responsable.

Periodista y docente