En el incendio de la Boca: ¡A fondo; pero de verdad!

Según ha declarado el administrador de la Autoridad Marítima, como reacción a la tragedia de las explosiones e incendio en el área de los depósitos de combustible en la Boca, a la entrada del Canal y bajo el Puente de las Américas, él está presto a cancelar la concesión a la empresa Panamá Oil Terminals (POTSA).

Como también se ha declarado sabedor de que la susodicha empresa no le pagaba a la Autoridad Marítima los cánones del arrendamiento del sitio de la concesión; esto, a pesar de que ella sí le cobraba al arrendatario al que se señala como el eventual responsable de la tragedia, son procedentes interrogantes como las siguientes:

Primera: ¿Si el administrador sabía que POTSA no pagaba los cánones del arrendamiento estipulado en la concesión y, además, sabía que esta cobraba alquileres a los arrendatarios a los que les había cedido partes del área y las instalaciones concesionada, por qué le permitió que lucrara explotando la concesión y no inició, como era su deber, el proceso de cobro por jurisdicción coactiva a que estaba obligado por ley?

Segunda: ¿Si el administrador sabía que POTSA subarrendaba parcelas e instalaciones que eran parte de la concesión, alguna vez la Autoridad Marítima aprobó los términos de esos subarriendos o inspeccionó las condiciones en que operaban los subarrendatarios?

La Autoridad Marítima también está en mora de explicar satisfactoriamente, por qué y bajo qué razones jurídicas y económicas se produjo la prórroga “automática” de las concesiones de los puertos de Balboa y Cristóbal que, como también es conocido, después de haber sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, han generado reclamaciones internacionales de resultados imprevisibles.

En Panamá no existe una Ley General sobre las concesiones públicas, sino regulaciones insertas en algunas leyes sobre temas como el turismo. Pero esa orfandad, que debe ser subsanada con urgencia, no justifica que en todos los casos que se han venido destapando, el interés público y los beneficios para el Estado exigidos por la Constitución, hayan sido burlados. La responsabilidad de esos desafueros recae en los funcionarios, de todos los niveles que los han patrocinado. Ojalá que esta última tragedia sirva para que esta vez, y contrario a como ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores, no triunfe la impunidad.