Sobre el nuevo Programa de Pasantía

La realidad del desempleo juvenil es escandalosa. La misma ronda entre el 17.8 y 28.9% (15-29 años), el doble de la tasa de desempleo nacional; y entre las mujeres jóvenes la tasa es mucho mayor: de 23%, frente al 17% de los hombres jóvenes. En general, más de la mitad de los desempleados del país son jóvenes.

Frente a tan acuciante problemática, el gobierno nacional impulsó la aprobación de un Programa de Pasantía en la Asamblea Nacional, que hoy es Ley de la República: la 513 de 20 de marzo de los corrientes. El mismo es dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años que hayan pasado o se encuentren en la educación media, universitaria, vocacional o técnica; y a menores de edad con título de educación media.

Su objetivo es brindarles “la oportunidad... para que desarrollen capacidades y experiencia en campo que le permitan aplicar a posiciones formales en el sector laboral y contribuir a la disminución de la tasa de desempleo en la República de Panamá”.

En la Ley se señala que las empresas no podrán sustituir empleos formales por pasantes, estableciendo un límite al número de pasantes según número de trabajadores en planilla, desde 2 cuando se trate de planilla de 1 a 50 trabajadores, hasta el 3% del total de la fuerza laboral si se trata de planilla de más de 200 trabajadores. Sin embargo, se podrá sobrepasar este límite si así lo autoriza el MITRADEL.

Por otro lado, la normativa comentada dice textualmente que la pasantía “no dará lugar a una relación laboral ni originará prestaciones laborales”, cuando evidentemente se trata de una prestación de servicios en condiciones de subordinación jurídica o dependencia económica (tal como se define la relación de trabajo en el Código de Trabajo). Asimismo, se indica que lo que se ha de pagar “no constituye salario” y debe ser de B/ 450 mensuales, sin deducciones fiscales ni de seguridad social, cuando el salario mínimo promedio en Panamá para este año es de aproximadamente B/ 636.80 mensuales.

Evidentemente, se trata de una regulación que busca que las empresas cuenten con una mano de obra joven, barata y que evada las exigencias tanto constitucionales como legales en materia laboral, y ni hablar de que en vez de fortalecer las finanzas de la CSS, compulsa a las empresas a contratar seguro privado por riesgos profesionales para el pasante.