¡Sigue pendiente qué hacer con el Parlacen!

Como era de esperar, el reciente fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el método hasta ahora utilizado para elegir los diputados panameños al Parlacen, ha motivado reacciones diversas. Por un lado, se ha considerado positivo que, en el 2029, en lugar de elegirlos por listas cerradas, casadas a la papeleta presidencial, los aspirantes compitan en condiciones similares que los candidatos a la Asamblea Nacional. Por el otro, se produjo la queja, poco atendible del Tribunal Electoral, de que agregar una quinta papeleta aumentaría el costo de las elecciones.

Pero más importante que esas reacciones, es destacar que, como en la demanda que motivó el fallo no se cuestionaba la situación de los “diputados automáticos”, o sea, aquellos que acceden a las curules reservadas para los expresidentes y vicepresidentes, ese tema, al igual que el verdaderamente sustancial, que es si debemos o no debemos seguir perteneciendo a esa entidad, sigue a la espera de una definición que es de naturaleza eminentemente política.

El Parlacen nació hace más de 40 años con dos defectos congénitos: Uno, que contrario a las normas generalmente aceptadas y vigentes sobre los tratados internacionales, el del foro centroamericano, que ahora incluye países del caribe, como es el caso de la República Dominicana, no tiene “cláusula de denuncia”, o sea, que los estados parte no se pueden desvincular, lo que sí es posible en convenios de mucha mayor jerarquía; y dos, que, de manera calculada, sus creadores, que fueron los presidentes de la época, se reservaron “un cuartel de invierno”, para cuando pasaran a ser expresidentes y exvicepresidentes.

Hace unos años, mediante una ley aprobada en la Asamblea se intentó desvincularnos del Parlacen, pero como consta en los registros judiciales, esa decisión fue anulada por la Corte Suprema.

Siendo ese el estado jurídico de nuestra vinculación al mamotreto centroamericano, la decisión que cabe y se debe tomar y que estaría plenamente justificada por la comprobada y costosa inutilidad de esa institución es: 1) Negociar con los otros estados parte, la inclusión de la cláusula de denuncia y 2) También mediante un acuerdo político al más alto nivel, establecer un plazo, no mayor de 1 año, para decidir: O reformarlo, para que sea útil o, en el caso de no llegarse a resultados positivos, extenderle el certificado de defunción.