SENNIAF, albergues y deslinde de responsabilidades

Cuando se acerca a cumplir su segundo año, el actual gobierno, de lejos, es una acumulación desproporcionada de muchísimas fallas y muy poquísimos logros. En ninguno de los problemas medulares, entre los que destacan las crisis del agua y de la educación; la galopante deuda pública; el caos del transporte, tanto colectivo como selectivo; el desbarajuste de la fracasada descentralización; o los chanchullos de la Lotería Nacional, para mencionar unos cuantos, se vislumbran soluciones y, lo que es peor, ni la más remota intención de enfrentarlos con medidas claras y serias para solucionarlos.

En ese cúmulo de inconsistencias y gravísimas fallas, punto especial y aparte, por la palmaria negligencia de los funcionarios directamente responsables de su administración y supervisión, es el caso de los albergues, al que hay que sumar el reciente motín y fugas del Centro de Menores de Tocumen, también dependencia de la SENNIAF.

El tema, debido a la insistencia de la diputada Brenes, finalmente se examinará en la Asamblea durante la comparecencia de la ministra de Desarrollo Social, programada para el próximo lunes, 1 de abril. Preocupante, de partida, es el preámbulo de las declaraciones de la funcionaria citada, que insiste en desvincularse de responsabilidades, con la alegación de que la SENNIAF es una entidad autónoma y con patrimonio propio, separada del MIDES.

La inconsistencia de esa alegación es patente, por cuanto el organismo superior de la SENNIAF es su Junta Directiva, que precisamente ella preside como titular del MEF y, que, además, la integran los ministros de Salud, Economía, Educación y Gobierno. Esa Junta Directiva, que se instaló con el nuevo gobierno ha estado en funciones desde entonces y durante muchos de los meses en los que ocurrieron los abusos, tipificados como delitos en nuestra legislación penal.

Que se revise tanto la estructura legal de la SENNIAF como el funcionamiento de los albergues y los centros de menores bajo su jurisdicción, a lo que parece encaminarse la intervención de la Asamblea es oportuno, necesario y urgente; pero también lo es que se investiguen y deslinden las responsabilidades de todas las personas que, ya por su condición de administradores o de directivos, o no las cumplieron o que, por omisión, las patrocinaron.