SENNIAF, albergues, CAI’s, negligencias y responsabilidades

Si lo que hasta ahora se ha conocido era para alarmar, la divulgación de que las autoridades eran conocedoras, desde hace más de un año, de la presencia de enfermos mentales en los albergues para menores, por ser de pavor, exige de investigaciones que vayan, pero de verdad, hasta las últimas consecuencias; que se deslinden responsabilidades y que se apliquen sanciones ejemplares a todos los que, por negligencia o complicidad, con su conducta patrocinaron daños y secuelas irreparables a menores que estaban supuestos a proteger.

Después de que se destaparan los escándalos de los albergues, se han agregado las denuncias sobre los centros de detención para menores, en los que, antes que ser los centros para su regeneración y de preparación para su reinserción social, se violan los derechos humanos más elementales. Lamentable es que, en este último caso, de los incidentes que culminaron en refriegas internas, lesiones y escapatorias, las autoridades se empeñen en destacar, con denominaciones ridículas, que sus esfuerzos están concentrados en reportar a cuántos menores han recapturado y cuántos le faltan por devolver a esos infiernos. Desde que se destapó el escándalo de los albergues, si algo ha quedado en claro, esto es que las autoridades, involucradas y responsables, solo ofrecen los tradicionales escapismos y sacudidas de responsabilidades con explicaciones tan pueriles como la de la separación y la autonomía de los entes involucrados.

Si bien al crearla a la SENNIAF se le dio autonomía funcional, también se la colocó bajo la supervisión de una Junta Directiva presidida por la ministra de Desarrollo Social y flamantemente integrada, además, por los ministros de Economía, de Educación, de salud, de Gobierno y de Seguridad. ¿Cómo cumplieron con su responsabilidad de supervisión? ¿De qué hablaban en las múltiples reuniones que celebraron mientras aumentaban los abusos y el desgreño administrativo en los albergues? ¿Estaban ciegos y sordos, cuando era un hecho público y notorio que esos centros eran aun auténtico desastre? ¿En algún momento, para cumplir con su obligación legal de supervisores, se les ocurrió visitarlos?

¿En qué terminará el espectáculo de la comparecencia de la ministra del MIDES que, acompañada con barras de subordinados de su despacho, que la corean, se desarrolla en la Asamblea? Lamentable y seguramente que no con su destitución, que depende del presidente y mucho menos conque ella presente su renuncia; pero como de acuerdo con el numeral 7 del artículo 161 de la Constitución, sí es procedente, ojalá que en esta ocasión se acuerde “el voto de censura” que allí se regula, para sentar un precedente que, por lo menos como repudio público y desde hace mucho tiempo, merece más de un y una funcionaria de este y anteriores gobiernos.