¿Se repetirá la historia de los albergues?

Cinco años después se repite la misma historia en los albergues de atención a la niñez en Panamá: la ausencia de supervisión por parte del Estado, dando lugar a situaciones de abusos hacia los menores así como múltiples irregularidades, a pesar de la expedición en el 2022, de la Ley 285 de “Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”.

El 15 de febrero de 2021, la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea denunció ante el Ministerio Público abuso sexual y maltrato físico a niños institucionalizados en 11 de los 14 albergues examinados, lo cual conmocionó a la opinión pública. Trabajadoras sociales habían denunciado esta situación, pero las autoridades del SENNIAF procedieron a destituirlas.

El 6 de febrero de 2026, esta vez, la diputada Alexandra Brenes, presidenta de igual Comisión de la Asamblea, denuncia también ante el Ministerio Público, presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos llevados a cabo en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. El exdirector de dicho Centro venía denunciando las irregularidades, pero la respuesta recibida por parte del SENNIAF fue su destitución por “falta de confianza”, a pesar de que la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia había confirmado las mismas.

Después de casi 4 años consecutivos de haberse mantenido el Movimiento Pro Defensa de la Niñez y la Adolescencia (MOPRODENA), exigiendo justicia por el caso de los albergues 2021, frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, hubo apenas 5 condenados, ninguno con cargo de jerarquía.

La oficial de protección de UNICEF, Gina de la Guardia, sobre el nuevo escándalo de los albergues ha señalado que “el país sigue arraigado a un modelo cuestionado”, es decir, el de la institucionalización en estos centros, a pesar de que la nueva Ley 285 de 2022 habla de privilegiar a que el niño “vuelva a un entorno familiar de familia extendida, a una red afectiva o en última instancia a la adopción”. Indicó: “Una ley por sí sola no transforma realidades sino se implementa con recursos, coordinación interinstitucional y una redefinición de prácticas históricas dentro del Estado” (La Prensa, 19/2/26). No hay niñez de primera ni de segunda, la infancia panameña merece protección efectiva. ¿La justicia para cuándo?