Reformas electorales y partidocracia

El Proyecto de Ley 699, sobre reformas electorales, en su versión final, ha generado muchas críticas, incluso del propio Tribunal Electoral, el cual presentó a la cámara legislativa la propuesta inicial de 169 artículos, que fue objeto de 46 cambios adicionales por parte de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, el pasado 23 de septiembre de 2026, cuando se aprobó en primer debate. Aunque diputadas de Vamos, participantes en dicho debate, alegan irregularidades en la aprobación, en tanto el Proyecto no lleva sus firmas y no hubo transcripción fidedigna en alguno de los artículos, ya llegó al pleno, para su discusión y aprobación en segundo y tercer debate.

El Tribunal Electoral califica estos cambios como “retrocesos para el sistema electoral” y que ponen “en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones de 2029” (La Prensa, 2/10/26).

Dentro de estos cambios realizados por la Comisión de Gobierno se encuentran:

3% de los votos válidos de la última elección presidencial para formar un partido

Aumento del 2 al 3% de las firmas requeridas para candidatura de libre postulación

Eliminar la norma electoral que permite que las firmas de los iniciadores de un partido en formación se cuenten como parte del total de adherentes

Aumento en el tope del financiamiento privado para candidatos a diputados y alcaldes.

El presidente del partido ejerce su representación legal, permitiéndole manejar directamente el subsidio electoral

Establecimiento de nóminas para las elecciones internas de los partidos, eliminando la representación proporcional de las minorías

Las autoridades electas mantienen la titularidad de 2 cargos simultáneos

Extender el período para que los candidatos a puestos de elección se puedan mantener en sus cargos

Ampliar la aplicación del fuero penal electoral a dirigentes de los partidos políticos

Las reglas del juego electoral ya favorecen a los grandes partidos políticos en Panamá, es lo que se conoce como partidocracia. Sin embargo, dado su alto nivel de desprestigio social, por sus práctica clientelistas y de corrupción, se han visto forzados a acudir desesperadamente a estas reformas, para asegurar su monopolio, excluir adversarios, concentrar poder y amparar sus privilegios, en detrimento de la democracia interna partidaria, los partidos pequeños y en formación, de las candidaturas de libre postulación y, en general, de la participación política ciudadana.