Poner las barbas en remojo

El popular refrán “Cuando las barbas de tu vecino veas arder, echa las tuyas a remojar” está de boca en boca en nuestro país, a propósito del escándalo político alrededor del Presidente de Paraguay.

El refrán citado alude a la necesidad de estar alertas cuando personas cercanas sufren una problemática, en tanto similar situación puede alcanzarnos si no tenemos la debida precaución.

Y es que el expresidente paraguayo, Santiago Peña, era accionista de Ueno Bank, banco que recibió millonarios recursos de entidades públicas -casi la mitad de los habitantes de ese país eran sus clientes, incluyendo a 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social- y que pasó de ser una pequeña entidad financiera a uno de los principales bancos de esa Nación. De la noche a la mañana quedó en insolvencia por otorgar préstamos a grupos empresariales afines, lo que provocó su cierre por el Banco Central de Paraguay (aunque el exgerente de este último Banco había sido gerente de Ueno, nombrado por Peña).

De nada sirvió la maniobra de dicho mandatario para no ser alcanzado por la justicia, al renunciar tratando de conservar los fueros de senador vitalicio, pues el Senado, por unanimidad, lo destituyó e inició su juicio político.

En Panamá, la Ley 462 de 2025 obedeció a ese interés en capitalizar por la vía privada los cuantiosos fondos de reserva de la CSS, de modo que permite que hasta un 10% de los mismos, sean depositados en la banca particular.

A raíz de este escándalo, la CSS se vio forzada a emitir un Comunicado, donde indica que sólo el 4.26% de sus reservas están depositadas en la banca privada y en bonos de entidades financieras panameñas. Las declaraciones del Presidente elogiando al expresidente paraguayo, al cual considera su amigo, y abogando por su derecho a la defensa en el juicio político causaron hondo sinsabor ciudadano.

Y es que, tal como afirma el colega Abel Comrie (“El espejo paraguayo de la Ley 462”, La Estrella de Panamá, 9/11/26), el conflicto de intereses por vínculos familiares entre un directivo de banco panameño beneficiado por esos depósitos y otro directivo de la entidad fiscalizadora con un alto personero del gobierno actual, es muy reprochable.

Razón tenían quienes se opusieron a la aprobación de la Ley 462 y que sufrieron represalias del gobierno por defender los fondos de la CSS en beneficio de la colectividad. Por ello, ¡a poner nuestras barbas en remojo!