¡Para la sorpresa de muy pocos, saltó el canguro!

  • 21/04/2025 00:00

Por haberlo advertido antes, pero más específicamente desde que se anunció la flamante auditoría que ha recomendado la “fórmula virtuosa de abrir para cerrar” que, como sus propios proponentes han estimado, tomaría, como mínimo, 20 años, sería un eufemismo decir que “saltó la liebre”, cuando lo que ha saltado es un canguro de proporciones gigantescas.

Que el gobierno, desde que asumió funciones tenía decidido pactar con la concesionaria, Minera Panamá, o sea, First Quantum, que sea esta la que siga explotando la mina lo comprueba el hecho de que nunca ha dejado de hacerlo. La supuesta firmeza y alardes patrióticos, frente a las amenazas de demandas, por montos estratosféricos, por lo que estamos viendo, solo eran para disfrazar la extensión de la concesión, bajo un supuesto constitucional “tirado de los cabellos”.

Al haber declarado el fallo de la Corte Suprema, inconstitucional, el “Contrato Ley” que aprobó la concesión, la continuidad de la minera en el área concesionada dejó de tener piso legal. Desde luego, quedaba a su criterio emprender las acciones legales internacionales para reclamar lo que, a su criterio, considerara que tuviera derecho a reclamar, como así lo hizo. Pero, también y como consecuencia del fallo, que anuló la concesión, el Estado debía, porque, además, es su derecho, recuperar el control total del área concesionada.

Pero eso no ocurrió. La empresa, sin fundamento legal que lo justificara, ha seguido operando, so pretexto de custodiar tanto las instalaciones como de preservar el mineral, ya excavado, “para evitar su degradación”, que supuestamente lo haría inservible. Pero, a la par, presentó en las instancias internacionales los reclamos o las demandas “para resarcirse de los perjuicios” que alega se derivaron del fallo de la Corte Suprema. Al dejar de existir la base legal que la sustentaba, su continuidad en el área concesionada, en estricto derecho, es un “injustificado acto de tolerancia”, incompatible frente a las acciones judiciales emprendidas por la minera, que solo puede explicarse por el hecho, ahora comprobado, de que, tras bambalinas, ya se había pactado negociar con la empresa judicialmente “desconcesionada”, para que, con la apariencia de una decisión soberana del Estado, en su condición de propietario del subsuelo, la habilite para explotarlo por los próximos 20 años.

La supuesta firmeza y alardes patrióticos, frente a las amenazas de demandas, por montos estratosféricos, por lo que estamos viendo, solo eran para disfrazar la extensión de la concesión, bajo un supuesto constitucional “tirado de los cabellos”.