Orden gradual a lo informal

Mientras el PIB proyecta una expansión cercana al 4 %, la economía cotidiana sigue marcada por una informalidad laboral de 49 % y un desempleo aproximado de 9,5 %, entre los más altos de América Latina.

El desafío no consiste en perseguir la informalidad, sino en convertirla, de modo gradual, en actividad productiva formal. El proyecto legislativo que busca otorgar facilidades a buhoneros y pequeños comerciantes mediante regularización y simplificación de trámites es pertinente.

Parte sustancial de la economía nacional funciona desde la subsistencia y requiere integración; no la criminalización, que ha sido la tónica.

Los beneficios podrían extenderse además a nuevas formas de trabajo que hoy operan en zonas grises regulatorias, como repartidores de plataformas digitales, conductores de transporte por aplicación y otros oficios vinculados a la economía colaborativa. Miles de hogares se benefician de estas formas de trabajo, pero, por lo general, funcionan sin protección social, estabilidad contributiva ni acceso al crédito. La integración gradual de estos trabajadores ampliaría la base de cotizantes.

Brasil avanzó con un modelo simplificado para emprendedores basado en cuota fija baja, registro rápido y acceso básico a seguridad social. Podría adaptarse ese esquema mediante registro digital expedito y cotización gradual a la Caja de Seguro Social.

Uruguay implementó un monotributo social que integra impuestos y protección social en un solo pago reducido. Chile redujo barreras burocráticas mediante ventanilla única digital.

En otros pagos, se han establecido clústeres territoriales vinculando turismo, agro y servicios. Contamos con ventajas comparativas evidentes: turismo ecológico en Bocas del Toro, café y gastronomía en Boquete, y turismo científico y agroforestería en Darién.

Para dinamizar la microeconomía, puede adelantarse acciones concretas: aprobar la ley de formalización simplificada; extender beneficios a buhoneros, delivery y taxis de plataformas; ofrecer microcréditos (entre 500 y 3.000 dólares), con acompañamiento técnico; capacitación en turismo, logística, comercio digital y oficios; y sustituir decomisos por regulación gradual y ordenamiento.

La meta: aumentar cotizantes, reducir desempleo y mejorar la estabilidad de miles de pequeños negocios. Se dispone de recursos, posición estratégica y capacidad logística.