¿Más cárceles y menos educación?

En mayo de 1958, el estudiantado panameño dirigido por la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), emprendieron una histórica jornada de lucha bajo la consigna “Más escuelas, menos cuarteles”.

68 años después, estudiantes del Instituto Nacional de Agricultura (INA), con sede en Divisa, alzan su voz de protesta por el Complejo Penitenciario Provincias Centrales, que se pretende instalar en 45 hectáreas utilizadas por el INA para sus prácticas educativas, las cuales ya fueron segregadas por ANATI y traspasadas al Ministerio de Gobierno.

El INA, fundado en 1940, es una institución emblemática en la formación de bachilleres agropecuarios, contando con más de 3,200 egresados. El proyecto gubernamental, aprobado con gran hermetismo, ha generado oposición también de los egresados del INA, comunidades aledañas, productores y autoridades locales.

El anuncio de la licitación en PanamaCompra de esta mega cárcel coincidió con la fuga masiva de 195 reos de La Joyita y, a continuación, la divulgación por parte del gobierno de la construcción de 3 nuevos centros penitenciarios, a un costo proyectado de 392 millones de balboas.

Estas mega-cárceles serían: a) un Centro de máxima seguridad cerca del actual complejo penitenciario La Joya, con un costo de $130 millones y capacidad para 2,000 personas; b) el complejo de Divisa, con un costo de $177.2 millones y capacidad para 3,000 detenidos; y c) un centro penitenciario especializado en resarcimiento y rehabilitación frente al Complejo La Joya, con un costo de 85 millones y capacidad para 2,500. Amén de la utilización de Coiba, Patrimonio Mundial de UNESCO, como cárcel para reos de alta peligrosidad recientemente.

Pero mientras se proyecta la construcción de estos penales a un costo de $392 millones se recorta en los dos últimos años, el presupuesto de dependencias estatales relacionadas con ei bienestar de la población, como MIDES, MIVIOT, MINSA, INADEH, IFARHU, SENADIS, SENNIAF) en 239.2 millones (cfr. Zea, Mary Triny, “Menos gasto social pero más cárceles, la ecuación de la administración Mulino”, La Estrella de Panamá, 22 de junio de 2026). En cuanto a las universidades públicas, éstas han sufrido un recorte en el último año de un promedio de 21% del total de su presupuesto, cuando la Constitución es clara en cuanto al deber del Estado de acrecentar el patrimonio universitario para garantizar su funcionamiento y desarrollo.

Fortalecer la educación y no la represión es la vía, tal como plantearon los estudiantes en Mayo de 1958.