Los poderes públicos y la gobernabilidad

La gobernabilidad, término que en fechas recientes y con frecuencia viene siendo impropiamente sustituido o desplazado por el de “gobernanza”, derivado del inglés “governance”, tiene un significado y una interpretación más simple. La gobernabilidad y, por consecuencia, el buen o el mal gobierno existen en la medida en que las instituciones públicas, cada una en el ámbito de sus competencias, las cumplen de manera efectiva.

En países como el nuestro, con la tradicional división de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sobre estos recae, en primerísimo lugar, la responsabilidad de producir y garantizar la gobernabilidad.

En todas las últimas mediciones para auscultar la percepción que la ciudadanía tiene de cómo contribuyen a que exista o no exista gobernabilidad, en todas han reprobado de manera categórica. Esa realidad, que debe ser motivo de justificada preocupación para quienes los encabezan, especialmente cuando el acceso a su liderazgo tiene como fuente el mandato popular, les impone dos responsabilidades o deberes fundamentales: la transparencia y la claridad en sus actuaciones y decisiones y la rendición de cuentas.

Con la víspera del inicio de las celebraciones patrias, ha coincidido la terminación del tercer período ordinario de sesiones del “primer órgano del Estado”, entre pobres resultados y con un epílogo de recriminaciones entre sus miembros.

Por otra parte, después de las sacudidas que estremecieron el Órgano Judicial, producto del todavía no aclarado asunto de los planes especiales de retiros premiados con privilegios inconstitucionales y de los aumentos salariales por procedimientos de igual dudosa validez, a los que habría que sumar las inoportunas decisiones del Ejecutivo de invertir ingentes recursos, por un monto superior a los 11 millones, en obras innecesarias, como las de la “villa diplomática” o la restauración de la “casa amarilla”, cuando a la par, como lo acaba de denunciar el cardenal Lacunza, más de 200,000 panameños padecen hambre o producto de la indiferencia se pierden vidas de niños en una comarca por la falta de un puente que, comparativamente costaría una insignificancia, la conclusión es que la gobernabilidad medida por la efectividad de las principales instituciones del Estado, sigue siendo una asignatura pendiente.

Las fiestas patrias, aparte de motivo de celebración, también deben ser un espacio para la reflexión, principalmente, por quienes tienen la responsabilidad de dirigir los poderes públicos y auto examinarse, para corregir, aprovechando la coyuntura, les sería útil.