Libros de texto: negocio o “negociado”

En un mundo ideal, sin que mediara denuncia y ante la evidente incomodidad ciudadana debería existir investigación con resultados coherentes y adopción de medidas satisfactorias para todos. Esto lo traslado a las quejas constantes de cambios superficiales en libros de texto, a los que se les acorta su vida útil, generando afectación a padres de familia y trastocando el derecho universal a la educación.

Reconocemos que la educación implica transformación; sin embargo, grande es la sorpresa de que en una familia donde se invirtió por un texto este año, ya al siguiente no resulte de utilidad porque “algo cambió” y deba hacer otra compra.

Esto evidencia incumplimiento de la Ley 29 de 20 de julio de 2006, que regula el uso de textos escolares en planteles públicos y privados. En su contenido sobresale: “los textos escolares tendrán una vigencia mínima de cinco años” y que “las nuevas ediciones de los textos escolares utilizados en un centro educativo no invalidarán el uso de las ediciones anteriores. En tales casos, corresponderá al docente facilitar a los estudiantes la nueva información incluida”.

El colega y diputado Betzerai Richards ha calificado estas acciones como “negociado” y abierto incumplimiento de la Ley. Vale entonces legislar sobre el particular, pues créanme que el culantro es bueno...pero no tanto. La Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa) ha advertido que en esa legislación debe incluirse la prohibición de “amarras” (libros + app + licencia), transparencia en ediciones y precios, límites y alternativas sin pantalla para menores, sanciones reales y fiscalización efectiva.