La ley 462 perjudica más a las personas con salarios bajos

Los voceros del gobierno han indicado que la ley 462 ofrece las mejores pensiones posibles. De hecho, en una entrevista en Metro Libre, el Director de la CSS Dino Mon indica que “en todos los casos la tasa de reemplazo o pensionamiento del sistema nuevo es mejor que la de los dos sistemas anteriores”. La tasa de reemplazo es el porcentaje que representa mi jubilación sobre el promedio de los ingresos de los 10 mejores años cotizados. Una persona con un promedio de salario de 700 dólares, por ejemplo, tendría una tasa de reemplazo de 60% si se le asigna una pensión de 420 dólares.

¿Es cierto que tendremos mejores tasas de reemplazo? La evidencia nos dice que no. La afirmación del director de la CSS está lejos de la realidad, especialmente para personas de menores salarios. Con la ley anterior, un trabajador del subsistema mixto que gana un salario de 500 dólares y que completa las 240 cuotas necesarias para aplicar a la jubilación, tenía garantizada una pensión de 300 dólares (tasa de reemplazo de 60%). Ahora, con la ley 462, incluso si hacemos supuestos optimistas, como una rentabilidad de los fondos de 6% anual, esa misma persona, al retirarse a los 62 años, tendrá una tasa de reemplazo de 53% y devengará una pensión mínima garantizada de 265 dólares, puesto que los ahorros de su fondo no alcanzarán para una pensión mayor.

Bajo este escenario, los trabajadores deben ganar salarios superiores a 600 dólares para aspirar a una pensión mayor a la mínima, y sus tasas de reemplazo serán de alrededor de 45%. Por ejemplo, una persona con un salario de 800 dólares devengará una pensión de 360 dólares, un golpe bastante fuerte a su poder adquisitivo. Ante este panorama, no importa si no aumentaron la edad o las cuotas de jubilación: tendremos que cotizar formalmente más de 35 años para no perder calidad de vida.

El gobierno y el sector empresarial parecen ignorar la crisis social que provocará esta ley en el futuro, así como no admiten el descontento general de la población ante una reforma que no representa nuestros intereses.

Economista