¡La Fiscalía Electoral podría servir mejor a la democracia!

La Fiscalía Electoral nació como un apéndice del Tribunal Electoral. Su independencia la dispuso el Acto Legislativo Número 1 de 27 de julio de 2004, que, en el artículo 144, le asignó las siguientes funciones: 1) Salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos, 2) Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales, 3) Perseguir los delitos y contravenciones electorales y 4) Ejercer las demás funciones que señale la Ley. Y, además la define como “una agencia de instrucción independiente; pero “coadyuvante” del Tribunal Electoral.

Haberla definido así, con sentido realista, antes que reafirmar su independencia, la mermó. La Fiscalía General Electoral, para todos los efectos y consecuencias es y debe ser el “Ministerio Público Electoral”.

Como investigadora de los delitos y las contravenciones electorales debe ser absolutamente autónoma. Que los resultados de sus investigaciones, como corresponde, deban concluir con “las vistas fiscales” cuyos méritos serán posteriormente valorados y juzgados por los “juzgados electorales” y, en última instancia, por el Tribunal Electoral, es el curso que normalmente deben seguir los expedientes que instruyen las fiscalías. Pero para cumplir esa función las fiscalías no necesitan que se las declare “coadyuvantes”.

Esa denominación, que es un resabio del pasado, debe ser eliminada en una futura reforma de la Carta Fundamental, en la que se debe reafirmar su independencia y dar mayores alcances y precisiones a sus funciones de “salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos” o de “vigilar la conducta de los funcionarios públicos en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales.”

En sus más de 20 años de existencia constitucionalizada, poco es el impacto que la Fiscalía puede acreditar con respecto a esas dos funciones. Su tarea se ha concentrado principalmente en la investigación de las contravenciones electorales y como las estadísticas demuestran la abrumadora mayoría son los casos de cambio de residencia, violación relativamente intrascendente si se la compara con otras conductas de las que no se ocupa.

La Fiscalía General Electoral, antes que priorizar su función penal, debiera dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a formar ciudadanía y fomentar las conductas democráticas, vía que contribuiría mejor a prevenir las prácticas electoreras que en nuestro país no disminuyen sino que se incrementan y siguen alejando la posibilidad de que podamos tener una auténtica democracia.