La educación no se vende: corrupción que merece cárcel

Lo ocurrido en el Ministerio de Educación (Meduca) no es un simple “incidente administrativo”. Es un escándalo moral, una traición a la fe pública y un ataque directo a la educación panameña. Cuando se habla de venta de nombramientos, diplomas falsos y cobros ilegales por plazas docentes, no estamos ante una falta menor: estamos ante delitos que deben castigarse con prisión.

Que al menos 50 casos de presuntas irregularidades hayan salido a la luz con montos que superan los 100 mil dólares evidencia un problema estructural que va más allá de estafadores aislados. Aquí hay un sistema que fue vulnerado y personas que, aprovechándose de la desesperación de docentes, comercializaron el derecho a enseñar. Eso no solo es ilegal; es éticamente repugnante.

Según la información difundida por El Siglo, individuos se hicieron pasar por funcionarios, prometieron plazas inexistentes y cobraron por ellas. Docentes, engañados, llegaron incluso a presentarse en la sede del Meduca exigiendo nombramientos en áreas de difícil acceso para las que no concursaron. ¿Cómo explicar a los estudiantes que sus maestros podrían haber llegado al aula no por mérito, sino por dinero?

El Meduca asegura que no ha identificado, hasta ahora, funcionarios involucrados y que ya presentó denuncia ante el Ministerio Público. La investigación debe ser profunda, independiente y sin contemplaciones. No basta con deslindar responsabilidades administrativas; esto exige consecuencias penales ejemplares. Quien venda plazas, quien falsifique documentos y quien cobre por un derecho público debe ir preso.

La plataforma Provel fue creada para garantizar transparencia. Si aun así se colaron estas prácticas, el Estado tiene la obligación de cerrar las grietas, fortalecer controles y proteger a los aspirantes honestos que sí cumplen con los requisitos. La educación no puede ser rehén de redes de corrupción.

Este caso deja una lección incómoda: no todo el daño lo causan los estafadores. También lo provoca la normalización de atajos, el “pagar para resolver”, la tolerancia social a la trampa. En educación, esa cultura es letal. Cada plaza comprada es una oportunidad robada a quien estudió, se preparó y confió en el concurso.

Panamá necesita maestros por vocación y mérito, no por billetera.