La descentralización: Distorsión numérica y ausencia de participación ciudadana

Si en la entrega anterior definimos la descentralización como una ilusión jurídica que encubre el clientelismo, los datos del XII Censo 2023 confirman que esa distorsión tiene una métrica exacta. No se trata solo de una percepción política; es una anomalía numérica donde el sistema reparte recursos públicos de forma casi idéntica a corregimientos de 55 habitantes y a otros de varios miles, sin que la comunidad tenga voz vinculante en el destino de esos fondos.

Según el Censo 2023, Panamá cuenta con 701 corregimientos. De ellos, 181 tienen menos de 1,000 habitantes y 435 se ubican entre 1,000 y 9,999 habitantes. Es decir, más del 88 % de todos los corregimientos del país tienen menos de 10,000 vecinos. Esta realidad demográfica choca frontalmente con el esquema actual de asignación de recursos, que ignora por completo el tamaño real de la población.

La “fábrica de corregimientos” no surge de la nada: está expresamente permitida por la Constitución Política. El Artículo 5 establece que el territorio se divide en provincias, distritos y corregimientos, permitiendo crear divisiones “por razones de conveniencia administrativa”.

El Artículo 159, numeral 7, otorga a la Asamblea Nacional la facultad de establecer o reformar esta división. Ninguno de estos artículos exige estudios demográficos, parámetros de densidad o evaluación de impacto presupuestario. Los diputados pueden crear o modificar corregimientos por simple mayoría legislativa, según su conveniencia política. Y si el Ejecutivo devuelve el proyecto, la práctica usual es aprobarlo por insistencia.

Los ejemplos del Censo 2023 son elocuentes y escandalosos por su desproporción:En el extremo de la sobreinversión por habitante: Corregimientos como La Ensenada (52 habitantes) o San Miguel (115 habitantes), ambos en el Archipiélago de las Perlas, donde la partida de B/. 110,000 representa entre B/. 950 y B/. 2,100 anuales por persona.

En el extremo del abandono presupuestario: Corregimientos masivos como Tocumen (65,877 habitantes) o 24 de diciembre (58,416). En estos casos, los mismos B/. 110,000 del PIOPSM se diluyen a una cifra ridícula: apenas B/. 1.67 por habitante al año en Tocumen.Esta distorsión se agrava al sumar los fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Bajo una supuesta “fórmula de solidaridad”, la ley garantiza un mínimo de B/. 500,000 anuales a cada municipio. Pero, de nuevo, la matemática ignora al ciudadano: se asigna el mismo medio millón a municipios con poblaciones diametralmente opuestas, permitiendo además que hasta un 25 % de esos fondos se desvíe a gastos de funcionamiento. Así, el impuesto que debería transformar el entorno del contribuyente termina asfixiado por la burocracia local y la falta de criterios técnicos de distribución.

Esta inequidad no solo es numérica: es profundamente antidemocrática. La falta de una participación ciudadana real y vinculante impide que la comunidad priorice sus necesidades. En la práctica, el representante y la junta comunal deciden a puerta cerrada, sustituyendo la opinión colectiva por su visión personal.

Convocar a reuniones informativas no es dejar que la gente decida; es simplemente opinar por ella. Sin mecanismos obligatorios —como presupuestos participativos o asambleas vinculantes— la descentralización pierde su esencia y se reduce a una transferencia de fondos sin transferencia real de poder. Priorizar necesidades es un derecho del gobernado.

Así, el ciudadano se convierte en espectador pasivo de cómo se decide su destino. El político deja de ser administrador y pasa a ser “dueño del fondo”. La descentralización, que debía ser poder para el pueblo, se transforma en una chequera política sin candado técnico ni democrático.

Panamá necesita con urgencia una reforma que establezca umbrales mínimos de población y densidad para la creación de corregimientos, que redistribuya los recursos de forma proporcional y, sobre todo, que devuelva al ciudadano el control real sobre el gasto.

Las modificaciones que se debaten en la Asamblea Nacional no deben incluir solo cambios cosméticos, sino estructurales, incluyendo la revisión de la fórmula del IBI. De lo contrario, seguiremos financiando una geografía electoral diseñada para el clientelismo, y no un modelo de desarrollo diseñado para la gente.

Ciudadano