La comida para las cárceles (2)

En el 2023 se anunció una licitación para contratar la alimentación de los recluidos y recluidas en todas las cárceles del país, población estimada en unos 25,000, por un término de 10 años y a un costo de 441 millones. Esa licitación fue cancelada sin muchas aclaraciones.

Hace unos días se ha vuelto a anunciar la misma licitación; pero ahora limitada a 6 centros penitenciarios, para 6 años y por un monto de 209 millones.

Varios aspectos llaman la atención en esta nueva convocatoria: 1) Proporcionalmente su monto, en relación con la población que recibiría alimentación, no cuadran, 2) El negocio es, sin duda muy lucrativo, pues hasta ahora, 15 empresas participaron en una reunión previa de homologación y revisión del pliego de cargos, 3) Que se afirme, como positiva, la inclusión de una cláusula que obligaría al o la eventual ganadora, a presentar y desarrollar un “plan de resocialización y capacitación de las personas, administrativos y reclusos y reclusas que participen en la ejecución” del objeto contratado y 4) Que, igualmente se estipule que el o la ganadora deberá presentar “un plan de inversión para mejoras en la infraestructura y equipos de cocina.

La Constitución, en el artículo 28, expresamente declara que “el sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social” y que en ellos “Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad”. Esas responsabilidades son de la competencia y constituyen obligaciones del Estado como administrador del sistema penitenciario; y delegarlas a terceros particulares sería una abierta violación de esos principios.

Cuando en la ocasión anterior trascendieron las intenciones de hacer una contratación similar a la que ahora se pretende llevar adelante, en un artículo que por entonces publiqué en La Decana, bajo el título: ¡Mejor equipar las cárceles con cocinas! En lugar de convertir, sin razón lógica alguna, en un negocio privado la alimentación de la población penitenciaria, esos millonarios recursos se deben utilizar para construir en las cárceles las infraestructuras necesarias para que en ellas se produzcan los alimentos para los detenidos y que esas facilidades sirvan, a la vez, como centros de formación en los términos que manda la Constitución.