La autonomía universitaria no ampara la corrupción

Suele pensarse que la autonomía universitaria es una patente de corso para todo tipo de arbitrariedades en que incurran las autoridades universitarias. Y esto en función de que el régimen de autonomía consagrado en las leyes de las universidades públicas en nuestro país se desnaturalizó, con respecto a la tradición universitaria que viene de Córdoba (1918), al burocratizar los órganos de gobierno universitarios y convertirlos en apéndice de las decisiones de los Rectores. Y éstos, a su vez, haciéndose eco de las prácticas clientelistas de la política criolla, manejando las instituciones como feudos personales.

Lo que viene ocurriendo en UNACHI es escandaloso e inaceptable. Nepotismo; desgreño administrativo que incluye retenciones salariales sin pago a los entes correspondientes; títulos chimbos que dieron lugar a promociones laborales y jugosos salarios; incrementos salariales y pagos retroactivos en plena pandemia; reelección indefinida que lleva a su Rectora a contar con casi 13 años al frente de ese Centro de Estudios.

Y no es que la corrupción sólo esté enquistada en esta torre de marfil impenetrable y autónoma, sin complicidad de los gobiernos. Éstos procedieron a reformar las legislaciones universitarias permitiendo reelección “per secula seculorum” de sus autoridades; le dieron visto bueno a sus presupuestos a cambio de bolsones de nombramientos para partidos políticos en el poder; y. últimamente, en la Asamblea, no le dieron curso a los proyectos de ley de no reelección y eliminación de ponderación electoral. Es decir, “aquellos polvos traen estos lodos”.

Entonces, se entiende que el Consejo General Universitario no haya aceptado la supuesta renuncia de la Rectora de UNACHI, porque la composición de este órgano de gobierno no refleja una real democracia universitaria, sino un predominio de los intereses de las altas autoridades, beneficiarias de los privilegios obtenidos en detrimento de las necesidades formativas de la mano de obra profesional de la altiva provincia chiricana.

No se trata de “ahogar” económicamente a la institución o intervenir “manu militari” desde el Ejecutivo, violando la autonomía universitaria y sacrificando las ansias de superación personal de 22,000 estudiantes y el pan de 2,000 funcionarios. Se trata de que las investigaciones judiciales y las auditorías sean imparciales y lleguen a feliz término y que la amplia mayoría de los universitarios chiricanos presionen por la remoción con causa justificada de su Rectora y propugnen por una real autonomía que implique democratización de sus órganos de gobierno.