Impunidad y complicidad

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo gala de lo que siempre ha pensado en este país, ser un órgano del Estado más político que jurídico. Tal vez, el mal de origen radique en la forma de cómo se eligen los magistrados, no obstante, la manera que tienen de atender los reclamos de la justicia suele ser de acuerdo al presidente de turno.

El problema de Panamá con sus instituciones de justicia no es un mal menor, por el contrario, podría ser el peor de los males, ya que blinda la corrupción y genera varios tipos de ciudadanos con relación a las cuentas que se rinden, dependiendo de dónde y con quién uno se roce. Hace apenas algunos meses la pasada administración cumplía los mandatos de aprobar, refrendar y sancionar a capa y espada, todos los contratos de la nación; y al parecer, lo que abunda son irregularidades y malas prácticas.

Ahora no se trata de si estuvo bien o mal el actuar de los funcionarios que hicieron bingo con las concesiones del Estado, ya que todo lo que se hizo fue en completo orden jurídico. El problema está, que ahora le toca al actual gobierno enfrentar las demandas y procesos de arbitrajes internacionales con fallos de inconstitucional de la CSJ debajo del brazo; pero el mundo real no es tan bonito como algunos lo pintan, y hay veces que todo juega en contra.

Si dichos contratos fueron ratificados en su momento por la Asamblea Nacional, refrendado por la Contraloría General y sancionado, en su momento por el presidente de turno, entonces, no será tan fácil como declarar inconstitucional un contrato ley y que nada pasó.

Frente a una instancia de arbitraje internacional, será mejor que se comiencen los procesos para descubrir la trampa y la corrupción de ex funcionarios y representantes de las empresas, para poder sostener los casos donde el Estado pactó con un privado, en aparente orden jurídico.