Idas y venidas de las reformas electorales

La decisión de los magistrados del Tribunal Electoral de posponer por dos semanas las entrampadas discusiones de las reformas electorales tiene como propósito tratar de superar el estancamiento provocado por la oposición de la Fiscalía General Electoral a la propuesta, de la paternidad de los propios magistrados, para reformar la fórmula vigente para la adjudicación de las curules de diputados en los circuitos plurinominales.

Según dan cuenta los medios informativos a esa decisión se llegó después de que, a puertas cerradas, los progenitores del engendro intentaran conseguir la complicidad de los miembros de la denominada Comisión Nacional de Reformas Electorales, ese sempiterno mamotreto procedimental que cada quinquenio es convocado para supuestamente asistir al triunvirato en la tarea de “perfeccionar el Código Electoral”, en la que ha sido eficiente colaborador; pero que esta vez parece estar inclinada a tener su propio libreto.

Por lo que ha trascendido, el receso táctico decretado por los triunviros electorales será dedicado, exclusivamente, a superar las discrepancias entre quienes quieren aferrarse a la fórmula actual, que privilegia a los partidos y los que quieren cambiarla para, así lo manifiestan, garantizar la representación de las minorías. Pero si solo de eso se trata, aun cuando el tema sea importante, se seguirían ignorando otros aspectos de la legislación electoral que tienen igual o mayor trascendencia, pero sobre los que parece hay interés deliberado en no abordarlos, como es el caso de los inconstitucionales y escandalosos subsidios electorales que, de acuerdo con la fórmula que se inventaron el Tribunal y los partidos, y que han superado con creces los 100 millones, seguirán creciendo hasta el infinito.

O como, también es el caso de la fórmula vigente, igualmente absurda, mediante la cual se seguirán declarando ganadores de la elección presidencial a los candidatos que reciban “la mayor cantidad de votos” y que, en varios casos recientes, si acaso se les podría adjudicar una representatividad real del 25% del electorado.

En el tema de las reformas electorales, antes que los matraqueos y conciliábulos que parecen haberse institucionalizado, con cada vez más magros resultados y dañinos efectos para la democracia, en la susodicha comisión con el patrocinio del Tribunal, lo que el país necesita es una legislación electoral que tenga como norte supremo garantizar que la voluntad del soberano, el pueblo, se materialice positivamente en las urnas. La pausa anunciada en nada sirve a ese propósito.