¿Habemus Praesuppositum? (¿Tenemos Presupuesto?)

En un artículo previo daba por descontado que, debido a su prolongada discusión, saturada de las eternas plañideras en que se han convertido “las vistas presupuestarias” y de los “acomodos y ajustes” negociados en trastiendas entre los representantes de “las fuerzas aliadas interesadas”, era más que posible que se convocaran sesiones extraordinarias para aprobar el Presupuesto General del Estado para el 2027. Mi presunción se basaba en que, aparentemente, existían desacuerdos de mayor calado entre los representantes de las susodichas “fuerzas aliadas” en la Asamblea y el Ejecutivo y que emparejarlos demandaría de mayores plazos.

Originalmente, “las recomendaciones” emanadas de la Comisión de Presupuesto montaban a una cifra de poco más de 200 millones, que debían “acomodarse” manteniendo el monto originalmente propuesto de los 35,111 millones. En otras palabras, “quitándoselos a unos para dárselos a otros”. Pero cuando el MEF presentó los ajustes, estos, sin rebasar el monto total de los 35,111 millones, sobrepasaban los 430 millones. Esto traducido al lenguaje llano significaba que lo que se quitaría a unos para darle a otros, sería un monto mayor.

Como consecuencia de lo anterior, “las pujas y los pugilatos internos” se concentraron, entonces, en decidir a quienes se sacrificaría y a quienes se favorecería. Y como era de esperar, los cuartos oscuros y las trastiendas volvieron a entrar en acción y en ellas se terminó de sazonar el sancocho. Nombres conocidos, que en el pasado mangonearon en la Comisión de Presupuesto y “sus aliados estratégicos circunstanciales” revolvieron la olla y, como consecuencia, “Habemus Praesuppositum”, para el 2027. En el camino han quedado pendiente de aclarar ¿por qué se siguen priorizando gastos suntuarios y sacrificando necesidades urgentes? O, ¿por qué se siguen financiando los presupuestos con más deuda pública que, en el transcurso de los 28 meses del presente gobierno ha aumentado en 11,000 millones.

O, ¿por qué se siguen aprobado presupuestos deficitarios, violando el mandato constitucional que ordena que los ingresos y los gastos deben estar equilibrados? O, ¿por qué es necesario violar la Ley de Contrataciones Públicas para imponer contrataciones sin licitación?

Si todos esos extremos se asocian con la inserción de la reforma que convierte a los diputados oficiales y semioficiales en administradores de proyectos y obras, hacer conclusiones no requiere de mucha imaginación para saber qué bueyes tiran de la carreta.