¿Es gratuita la educación oficial?

El artículo 95 de la Constitución dice lo siguiente: “Artículo 95.- La educación oficial es gratuita en todos los niveles pre-universitarios. Es obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general.

La gratuidad implica para el Estado proporcionar al educando todos los útiles necesarios para su aprendizaje mientras completa su educación básica general.

La gratuidad de la educación no impide el establecimiento de un derecho de matrícula pagada en los niveles no obligatorios.”

¿Se cumple o se viola esa norma constitucional? Si la educación básica general comprende hasta el primer ciclo de la secundaria, o sea hasta el noveno grado, por mandato constitucional solo se puede imponer y cobrar el conocido como derecho de matrícula, a partir del cuarto año de secundaria. Sin embargo, esa no es la realidad. En las escuelas públicas no solo se cobra matrícula, sino que también se imponen y cobran cuotas de graduación hasta para los sextos grados; aparte de que se ha convertido en práctica exigir a los padres que contribuyan y compartan los gastos para la instalación de acondicionadores de aire, la compra de implementos sanitarios y que los estudiantes paguen precios exagerados por las fotocopias.

Cuando nació la república y la educación primaria, o sea, hasta el sexto grado era el nivel educativo de la mayoría de la población, entonces era un hito importante y al alcanzarlo muchas personas ingresaban al mercando de trabajo. En la actualidad, el primer ciclo y aún el nivel secundario son, apenas, etapas intermedias que no capacitan para acceder a empleos ni medianamente bien remunerados. Por consiguiente, atribuirles trascendencia, más allá de lo que en realidad son, es un error que no deben fomentar las autoridades educativas.

Ejemplos hay, por si las autoridades educativas lo ignoran, de casos en que, a los padres, sin ninguna consideración a sus niveles económicos, se les imponen cuotas para celebrar hasta “las graduaciones” de primaria, con fotografías pagadas, fuera de los recintos escolares.

Todas estas irregularidades retratan lo absolutamente opuesto al cumplimiento del mandato constitucional y revisarlas y corregirlas es responsabilidad primaria e ineludible de los rectores de nuestro sistema educativo.