Eliminar derechos no es ahorro, es retroceso

H ay decisiones que no se miden en ahorro fiscal, sino en dignidad humana. El intento de eliminar el Ministerio de la Mujer mediante el Proyecto de Ley 447, no es un ajuste administrativo, es una señal peligrosa de retroceso institucional en un país que conoce bien el alto costo de minimizar los derechos y debilitar la protección de su gente.

Lo dicho esta semana en la Asamblea Nacional de Panamá por la Doctora Juana Herrera fue una advertencia histórica. Panamá tardó décadas en construir una institucionalidad que colocara la protección de las mujeres al más alto nivel del Estado. Borrarla “de un plumazo” no sólo es políticamente irresponsable; es jurídicamente inaceptable.

Detrás de esta decisión no hay solo cifras ni organigramas, hay mujeres que esperan protección cuando denuncian violencia, porque necesitan que el Estado llegue a tiempo y actúe con autoridad. Cuando esa autoridad se debilita, la consecuencia no es abstracta, se traduce en desprotección y en mayor vulnerabilidad.

En materia de derechos humanos existe un principio claro, el de no regresividad, una vez que el Estado alcanza un nivel de protección, como la creación de un ministerio, no puede retroceder salvo en circunstancias extremas y plenamente justificadas.

El argumento de la “austeridad” no cumple ese estándar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al señalar que las restricciones económicas no son excusas válidas para debilitar derechos fundamentales.

Nuestra Constitución en el artículo 17 obliga a las autoridades a proteger de forma efectiva la vida y la honra de las personas. Degradar una institución, quitarle autonomía política y reducir su capacidad de decisión no fortalece esa protección, la debilita. El artículo 163 es contundente, la Asamblea tiene prohibido aprobar leyes que contradigan la letra o el espíritu constitucional.

Un ministerio tiene voz, voto y jerarquía frente a otras carteras del Estado. Un instituto adscrito pierde capacidad para exigir presupuesto y hacer cumplir protocolos contra la violencia.

Panamá está obligada por la Convención de Belém do Pará a utilizar todos los medios apropiados para erradicar la violencia contra las mujeres.

La Asamblea puede rechazar el Proyecto de Ley 447, es un deber constitucional y moral.

Un país que retrocede en derechos no ahorra; paga después un precio más alto.