El precio de disentir

  • 20/11/2026 00:00

En Panamá se pensó que, con la caída de la dictadura militar en 1989, las atrocidades contra los derechos humanos y la libertad de expresión quedarían en el pasado. Sin embargo, nuestra región sigue registrando amenazas, agresiones y asesinatos de periodistas y activistas sociales. El reciente asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez, conocido por divulgar denuncias sobre presuntos vínculos entre narcotráfico, política y crimen organizado, nos recuerda la gravedad de esta realidad.

Los hechos ocurridos contra familiares del periodista panameño Rolando Rodríguez también advierten que nuestro país no está exento de la violencia y la intimidación. Episodios como estos obligan a preguntarnos qué clase de sociedad estamos construyendo y hacia dónde queremos conducirla. Normalizar tales agresiones representa un peligro para la libertad de expresión y para el activismo social, pilares indispensables de cualquier democracia.

Intentar acallar las voces críticas mediante amenazas, amedrentamiento o violencia constituye una práctica incompatible con el Estado de derecho. Cuando intereses políticos, económicos o criminales buscan imponer el silencio, no solo afectan a quienes denuncian o cuestionan: también lesionan el derecho de todos a informarse y participar en los asuntos públicos.

La delgada línea entre lo aceptable y lo inadmisible parece desdibujarse cuando se pretende justificar cualquier acción contra quienes desafían intereses poderosos. La desigualdad, entonces, deja de ser únicamente económica o social y alcanza el ejercicio mismo de las libertades.

Desde el incendio a la residencia de un periodista hasta el secuestro judicial preventivo de activos de organizaciones ambientales como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Asociación Adopta Bosque, en el contexto de sus cuestionamientos a Puerto Barú, surgen preguntas legítimas sobre la protección del disenso. Sin ser ambos hechos jurídicamente equivalentes, sus consecuencias sobre la participación ciudadana merecen un escrutinio agudo y profundo.

Una democracia no se mide únicamente por sus elecciones, sino por las garantías que ofrece a quienes piensan distinto. Cuando cuestionar tiene un precio alto, la libertad corre el riesgo de convertirse en un privilegio que pocos pueden asumir.