El femicidio persiste: las medidas de protección no funcionan

El femicidio perpetrado en Calzada Larga el pasado 15 de abril, en el cual una mujer fue asesinada por su expareja en su propia casa, en la cual dormía junto a sus hijos, no obstante pesar sobre él una boleta de alejamiento, pone en cuestionamiento la eficacia de las medidas de protección frente a la violencia de género.

Pero no sólo este caso, sino muchos otros, unos más mediáticos que otros, pero con iguales resultados: afectación de la integridad y hasta la pérdida de la vida de la víctima, situaciones que se pudieron prevenir de cumplirse la Ley 82 de 2013 y de dar los pasos necesarios para cambiar la cultura social que normaliza la violencia machista.

Durante el último año (2025) se registraron 20 víctimas de femicidio. En lo que va de 2026, 11 casos. La violencia doméstica ha sido el delito con mayor número de denuncias el año anterior (más de 15,000), lo que visibiliza una situación preocupante donde el 90% de las víctimas son mujeres. Y en el círculo de la violencia, la violencia doméstica siempre antecede al femicidio.

La Ley 82 de 2013 tipifica el femicidio y la violencia contra la mujer y establece mecanismos de protección de las víctimas, incluyendo boletas y brazaletes electrónicos, y estableciendo que quien incumple con las medidas de protección será sancionado con una pena de prisión de 6 meses a un año (art. 397A). Sin embargo, la ineficacia de tales medidas es manifiesta. En el presupuesto estatal no figura la compra de brazaletes como medida de protección (la ministra de la Mujer se excusa señalando que hay “un vacío legal”), sino para garantizar medidas cautelares y sanciones aplicadas por autoridades judiciales.

Los prejuicios misógninos de autoridades gubernamentales y diputados han llevado a prohijar proyecto de ley de eliminación del Ministerio de la Mujer; y últimamente a aprobar la Ley 517 de 2026 que afecta la Ley 82 de 2013 al sacrificar la protección especializada hacia la mujer en materia de violencia sicológica; así como aprobar el Proyecto de Ley 510 que tipifica penalmente el fraude de paternidad, con carencia de fundamento estadístico nacional e internacionalmente.

La legislación proteccionista de sectores vulnerables de la población, como somos las mujeres, refuerza la igualdad jurídica y social. ¿El siguiente paso será privarnos de voto a las mujeres, tal como plantean círculos conservadores en EU?