¡El apagón, los responsables y que el gobierno hable claro!

Tuvo que producirse el apagón que afectó a medio país, con repercusiones que recorrieron toda Centroamérica y rebotaron hasta México, para terminar de quitarle el ropaje al embrollo que rodea todo lo relacionado con la mina y, a la par, destacar la urgencia de poner un alto a las peligrosas consecuencias de haber seguido patrocinando, con largas y cortas, la operación de la mina; y de haber pospuesto las medidas que correspondían en cumplimiento del fallo que declaró inconstitucional la Ley 406 de 2023, que había aprobado la concesión otorgada a Minera Panamá, S.A., para la explotación de la mina de cobre de Donoso.

El fallo que declaró inconstitucional el contrato de la minera fue dictado el 27 de noviembre de 2023. Desde entonces han transcurrido dos (2) años y seis (6) meses. En ese prolongado período, si algo hemos podido constatar es que, aunque el Órgano Ejecutivo ha tratado de hacer ver que la mina está bajo su control y que se han estado tomando las medidas para finiquitar su operación, de hecho, lo que ha pasado durante ese mismo período es que la mina ha seguido operando, porque sus ex concesionarios cuentan con la permisividad de los funcionarios que, en lugar de ceñirse estrictamente a los efectos del fallo, siguen evadiendo sus responsabilidades.

A los pretextos invocados, que incluyen las interminables “auditorías” que nunca se concluyen, hay que sumarle las reiteradas campañas de promoción que sigue haciéndose Minera Panamá, para venderse como una benefactora y los alegatos de partes interesadas que abiertamente abogan por la reapertura de la mina. Que esas conductas, que desafían el fallo de la Corte sigan saturando los medios de comunicación es comprensible, por cuanto a sus autores solo les importa y los motiva el afán de lucro; pero lo que no es de recibo es que las autoridades, con su tolerancia y frecuentes excusas, sigan, de hecho, disfrazando su ya evidente patrocinio de la empresa, a la que, contra viento y marea, insisto, lo único que le importa es volver a reabrir la mina.

Después del apagón y sus consecuencias, que han retratado la irresponsabilidad gubernamental, se impone: 1) Que se definan las responsabilidades y se sancione a quienes resulten culpables y 2) Que, de una vez por todas, el gobierno diga públicamente, y con absoluta claridad, si su intención es, o no, la de reabrir la mina.