Cuando la autoridad se desvía: poder, venganza y criminalidad institucional

Toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Bajo ese principio fundamental del Estado de derecho, ninguna actuación puede justificarse desde la emoción o la venganza. El uso excesivo de la fuerza por parte de unidades de la Policía Nacional, motivado por la pérdida de un compañero, no legitima que un estamento de seguridad asuma funciones de justicia por mano propia. Eso revela el Estado fallido del sistema de seguridad panameño. Entonces cierren el mal llamado Sistema Penal Acusatorio -SPA- y el Órgano Judicial y comencemos a imitar al Estado Islámico de Irán.

Conocí a ese joven desde su nacimiento, y lamento mucho su mecanismo de la muerte, además el hecho de residir en El Chorrillo no lo convierte en delincuente ni debe ser objeto de estigmatización. Generalizar desde el prejuicio solo profundiza la exclusión y deshumaniza a comunidades enteras que también luchan por salir adelante.

Desde una perspectiva criminológica, este tipo de hechos puede explicarse mediante el fenómeno de la infiltración o desplazamiento delictivo hacia estructuras formales de poder, donde individuos con vínculos con entornos criminales migran hacia estamentos de seguridad como mecanismo de supervivencia y reconfiguración de estatus. Esta transición no siempre implica una ruptura con la lógica delictiva, sino su transformación, permitiéndoles acceder a recursos, información y legitimidad institucional para ejercer control o ajustar cuentas desde una posición de autoridad.

Autores como Edwin H. Sutherland sostienen que la conducta criminal se aprende en interacción con grupos sociales, por lo que su incorporación a una institución no elimina automáticamente esos patrones si no existe un proceso real de resocialización. A ello se suma Robert K. Merton, quien advierte que cuando se internalizan fines sin respetar los medios legítimos, las prácticas desviadas pueden reproducirse incluso dentro de estructuras legales.

Por ello, si existieron actuaciones desproporcionadas, estas deben investigarse con rigor. Corresponde al Ministerio de Seguridad individualizar responsabilidades, revisar antecedentes y garantizar que la fuerza pública actúe bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. La transparencia no debilita a la institución; la fortalece y devuelve la confianza ciudadana.

Asimismo, resulta imprescindible abordar con seriedad las denuncias sobre el desvío de armas de alto calibre hacia estructuras criminales. Este fenómeno, de comprobarse, no solo evidencia fallas estructurales, sino también posibles redes internas que comprometen la seguridad del Estado.

La seguridad no solo se defiende en las calles, sino también dentro de las propias instituciones.

Desde mi perspectiva, la escalada de muertes en Panamá —no solo en el último año, sino a lo largo de la última década con mayor recrudecimiento reciente— ya no responde exclusivamente a disputas territoriales por el control del narcomenudeo. Las rutas del narcotráfico, en gran medida, han sido capturadas y estructuradas por el crimen organizado, con posibles conexiones con esferas de poder de cuello blanco. Lo que hoy se configura es una disputa de mayor nivel: una lucha por el poder político como vía para consolidar el control desde el Estado sobre economías ilícitas como el tráfico de drogas, el mercado ilegal de armas y la administración del miedo como mecanismo de dominación social. En este contexto, emerge lo que denomino el “derivado criminal”: una economía paralela donde la violencia genera rentabilidad indirecta, activando circuitos formales e informales —desde servicios funerarios hasta demandas hospitalarias— que, sin ser necesariamente ilícitos en sí mismos, terminan insertos en la lógica expansiva de la industria del crimen.

Recuerden Panamá es ya todo un gueto dirigido por delincuentes de cuello blanco quienes financian las 189 bandas y pandillas de los Guetos.

El autor es criminólogo y perito forense experto en análisis de imagen