¡Centros de degradación y escuelas del crimen!

Nuestra Constitución, en el artículo 28 dice así: “El sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos.

Se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad.

Los detenidos menores de edad estarán sometidos a un régimen especial de custodia, protección, capacitación y educación.”

En nuestros centros penitenciarios, las autoridades obligadas a cumplir el mandato constitucional, lo violan abiertamente. Estos, antes que de “rehabilitación y de reinserción social”, son de degradación y auténticas escuelas del crimen.

En los albergues han abusado de adolescentes y niñas quienes estaban supuestos a protegerlas. En otros centros de menores, los incidentes, con saldos de lesionados y heridos son frecuentes. Por último, la fuga nunca bien aclarada de casi 200 reclusos y la renuncia del director del Sistema Penitenciario, señalando la corruptela patrocinada que existe en el “centro modelo”, de La Joya, demuestran que, aparte de negligencia inexcusable, nuestras autoridades, o nunca han leído el mandato constitucional o muy poco les ha importado cumplirlo.

Las cárceles sí han servido para que algunos patrocinados se enriquezcan con los contratos millonarios para suministrar alimentos a los detenidos y, si el proyecto de la nueva “mega cárcel” de Divisa sigue adelante, para que otros patrocinados sumen más millones a sus cuentas bancarias.

Como muchos otros problemas y demandas sociales que los actuales gobernantes prometieron enfrentar y resolver, la crisis del sistema penitenciario agranda su lista de fallos e incapacidades. El aumento exponencial de la delincuencia, que día tras día hace los titulares de los medios de comunicación, no disminuirá si no se atacan sus causas esenciales. Encerrar a más personas en los centros penitenciarios que, si para algo sirven es para graduar más delincuentes, o construir nuevas cárceles, no es la solución.

La delincuencia primaria, de los pequeños robos y asaltos, las más de las veces, tiene como causa “el estado de necesidad” y las formas más sofisticadas las fomenta, en gran medida la corrupción que les garantiza impunidad. Combatir las causas es por donde hay que comenzar. Si no se va a las raíces y si los centros “rehabilitadores” son todo lo contrario, para nada debe sorprendernos la realidad que vivimos.