Al César lo que es del César

Mucho se habla de la desaceleración económica que experimenta Panamá desde hace más de una década, pero poco se profundiza en las causas que llevaron al país de ser una de las economías más pujantes de la región a enfrentar un prolongado periodo de menor dinamismo, que mantiene desalentada a una población que recuerda tiempos mejores.

Con frecuencia, esta situación se atribuye a factores externos y conflictos internacionales. Sin embargo, buena parte de la población también señala las decisiones adoptadas por los últimos gobiernos.Uno de los sectores más afectados ha sido la construcción, que durante años constituyó uno de los principales motores de la economía nacional.

No obstante, poco se dice sobre el papel que desempeñan las propias instituciones del Estado en las dificultades que enfrenta esta actividad.¿Cómo impulsar la construcción de viviendas en un país donde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) mantiene sectores de la capital y sus periferias sin un suministro estable de agua potable?

A esto se suma la problemática relacionada con la recepción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, responsabilidad que en numerosos proyectos termina siendo asumida durante años por los desarrolladores.

Frecuentemente aparecen reportajes y denuncias sobre la falta de agua potable y las deficiencias de las plantas de tratamiento. Sin embargo, en el debate público se termina responsabilizando al sector privado por problemas relacionados con servicios públicos cuya regulación y prestación corresponden al Estado.

Resulta más sencillo dirigir la presión hacia los desarrolladores que exigir soluciones estructurales a las instituciones responsables. Pero mientras el Gobierno no asuma con determinación sus obligaciones y modernice la gestión de los servicios básicos, la construcción continuará enfrentando obstáculos que limitan su capacidad de generar inversión, empleos y crecimiento.

La situación resulta aún más preocupante en las provincias de Los Santos y Herrera donde numerosas familias deben comprar agua para consumo humano. Si queremos reactivar la economía, también debemos exigir eficiencia y responsabilidad a quienes administran los servicios esenciales del país.

Periodista