Acerca del reclutamiento de mercenarios panameños

La Cancillería panameña ha reconocido que 24 panameños se encuentran vinculados a la guerra Rusia-Ucrania, 13 están en frentes de batalla, 9 están desaparecidos, 1 ha fallecido y 1 está retornando al país. Los mismos fueron reclutados por redes privadas aparentemente bajo engaños de falsas ofertas laborales, ante la desesperación de sus familiares, quienes han perdido con ellos, toda comunicación.

La Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (en vigencia desde el 2001) define “mercenario” como toda persona reclutada para combatir en un conflicto armado o participar en un acto concertado de violencia a fin de derrocar a un gobierno o socavar el orden constitucional o la integridad territorial de un Estado, a cambio de obtener un provecho personal significativo. No puede ser nacional o residente del Estado contra el que se perpetre ese acto, ni miembro de las fuerzas armadas del Estado en cuyo territorio se lleve a cabo el mismo. E incurre en delito todo mercenario que participe directamente en hostilidades o en un acto concertado de violencia; o todo aquél que reclute, utilice, financie o entrene mercenarios.

Panamá no ha ratificado dicha Convención (debería hacerlo), pero, a través del Ministerio Público, se encuentra investigando los hechos a través de la figura penal de la trata de personas con fines de reclutamiento para la guerra.

El mercenarismo es muy distinto a la defensa del territorio de un Estado por parte de sus nacionales y resulta peligroso para las naciones bajo acecho de las grandes potencias. El mercenario, en lo individual, lo hace por un beneficio económico; los nacionales al defender su territorio lo hacen por una convicción política ejerciendo su derecho a la libre determinación.

Con el surgimiento y fortalecimiento del Estado-nación, a fines del siglo XVIII, se establece el servicio militar obligatorio por parte de los ciudadanos. Sin embargo, en la actualidad, el 54% de las naciones ha abolido o suspendido en tiempos de paz este servicio, acogiéndose la objeción de conciencia, donde puede el ciudadano negarse a cumplir este servicio militar, si va en contra de sus valores morales, éticos o religiosos.

En nuestro país, según la Constitución, los panameños estamos obligados a tomar las armas para defender nuestra independencia nacional e integridad territorial, no así los extranjeros, en un contexto de sustitución del ejército por un cuerpo de policía nacional.