¿Abrir para cerrar o cerrar para abrir?

El 30 de septiembre pasado, la Comisión Interministerial sobre la mina de cobre, entregó al Presidente su Informe final con 17 recomendaciones y 6 criterios.

Recomienda el diálogo con First Quantum (FQM) y Cobre Panamá para llegar a un acuerdo donde éstas desistan de los arbitrajes pendientes y se abra la mina con el propósito de lograr su cierre ordenado autofinanciable, en una fecha predeterminada, “respetando el fallo de la Corte Suprema de Justicia”.

Es decir, como no cabía más que el acatamiento ante un fallo final, definitivo y obligatorio como lo fue la sentencia de 27 de noviembre de 2023 del Pleno de la Corte que declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de ese año, ahora esta Comisión incurre en un juego de palabras de que “hay que abrirla para poder cerrarla y cumplir el fallo”, subestimando la capacidad analítica del panameño.

Según la argumentación gubernamental, para resarcir daños ambientales ya causados hay que abrirla para seguirla explotando (el continuum de los daños ambientales). Además de hacer énfasis en las supuestas afectaciones económicas para la región de Donoso y el país generadas por la paralización de la actividad; así como en las reclamaciones cuantiosas de la minera en los arbitrajes; más los altos costos de mantenimiento de la mina después de un cierre que “podría tomar entre 17 a 19 años” y que lo tendría que asumir Panamá (¡!), de no implementar la fórmula de abrir para cerrar.

Coincidimos con el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, el CIAM, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la UICN, la Coordinadora Campesina de Donoso y otros grupos aliados en que “financiar la clausura mediante la prolongación de la extracción constituye una contradicción insalvable y transgrede el Estado de Derecho” (La Estrella de Panamá, 8/10/26).

Los daños ambientales son responsabilidad de la empresa FQM; y el propio Ministerio de Ambiente documentó 236 violaciones ambientales de Cobre Panamá en 10 años (2014-2024), sin que se haya reportado el pago de las multas por incumplimiento por parte de la minera (“Las pruebas de los daños ambientales de FQM”, por Sol Lauría, 26/8/25, en https://www.elclip.org/).

La población panameña rechazó masivamente en las calles la Ley 406 de 2023; y sigue oponiéndose a la apertura de la mina, según revelan las encuestas. La sabiduría popular pesa más que el galimatías gubernamental.